En una reciente auditoría externa solicitada por la Corporación Pública Empresarial de Navarra, se han destapado serias irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato para la construcción de 62 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Erripagaña, otorgado por Nasuvinsa a la UTE Acciona Servinabar. El informe resalta la falta de actas y documentación crucial, así como el incumplimiento de los requisitos de publicidad establecidos por la ley.

El informe, que ha llegado a manos de Europa Press, señala que, conforme a la ley foral 2/2018 de Contratos Públicos, el cálculo del 'valor estimado' debe incluir todas las modificaciones que se prevean con respecto al importe de la licitación. No obstante, según el análisis, las modificaciones relevantes no fueron consideradas en este cálculo, lo que suscita alarmas sobre la transparencia del proceso.

Además, en virtud de lo que estipula la ley, es fundamental verificar la admisibilidad de los participantes y asegurarse de que no haya más de una propuesta aceptada de una misma entidad. Sin embargo, en esta ocasión, no existe el acta que valide la admisión de los concursantes, lo que crea serias dudas sobre la regularidad del procedimiento.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) había realizado un análisis previo del caso, destacando que bajo la gestión de José María Aierdi, entonces director de Nasuvinsa, se ignoraron las normas fundamentales de contratación pública, incurriendo en múltiples violaciones a la ley. Aierdi ha cuestionado parcialmente el informe de la OANA, tildando varias de sus afirmaciones de "inciertas" y defendiendo que no se favoreció a ninguna empresa en particular.

El informe de auditoría también indica que, según la ley foral, se deben comprobar las garantías requeridas para la participación en el procedimiento. El pliego menciona que, excepcionalmente, pudiera exigirse una garantía provisional de un 2% del presupuesto, aunque no se ha proporcionado la documentación necesaria para verificar la constitución del aval bancario, un incumplimiento que no puede pasar desapercibido.

Asimismo, establece que debe llevarse a cabo la apertura de sobres y la apertura de ofertas. Sin embargo, el expediente carece de actas de estos importantes eventos, lo que impide validar si se siguieron los procedimientos correctos y genera inquietud sobre la equidad en la evaluación de las propuestas.

El informe también revela que no se dispuso de la documentación de los licitadores no adjudicatarios, dificultando cualquier comprobación necesaria sobre las distintas ofertas presentadas. Además, se ha señalado que dos de los licitadores se comprometieron a completar la obra en 26 meses, pero la adjudicataria ofreció un plazo de 20 meses, lo que plantea interrogantes sobre cómo fue analizada esta discrepancia, dado que no se cuenta con las actas necesarias.

En cuanto a la publicidad de la adjudicación, se encontró que esta se realizó de forma tardía, saltándose así los plazos legalmente estipulados para su publicación en el Portal de Contratación de Navarra y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Finalmente, se han revisado también diversos contratos menores relacionados con este caso. Se constató que, a pesar de que deben ser publicados trimestralmente, en algunos casos no se ha cumplido con esta obligación, lo que refuerza la urgencia de una revisión exhaustiva de la gestión de estos contratos.

La complicidad de Nasuvinsa en la falta de transparencias podría señalar un patrón de conducta que socava la confianza en la gestión pública. La auditoría no solo pone de relieve estos fallos, sino que también urge a las autoridades a tomar medidas correctivas en un contexto donde la rendición de cuentas es más necesaria que nunca.