Recientes eventos han llevado a los grupos ecologistas y a varias plataformas ciudadanas a exigir una profunda investigación sobre el proyecto de Mina Muga. En una acción formal, la Plataforma contra las Minas de La Bal d'Onsella, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza han presentado una petición ante el Parlamento de Navarra. Su propuesta es que se incluya este proyecto en la exhaustiva investigación que se está llevando a cabo sobre las adjudicaciones de obras públicas en la región.

En su comunicado, estos colectivos destacan que distintos informes publicados en medios de comunicación apuntan a Mina Muga como un posible epicentro de una trama de corrupción. Al parecer, empresas involucradas en el proyecto, como Geoalcali, Servinabar y Acciona, así como personas vinculadas a ellas, habrían estado ejerciendo influencia y buscando captar apoyo desde distintas administraciones que debían dar el visto bueno a los permisos necesarios para poner en marcha la mina.

Los representantes de estas organizaciones consideran que la evolución del proceso administrativo y político que rodea a Mina Muga ha estado lleno de irregularidades y excepciones que alimentan sus sospechas. Señalan que, bajo su análisis, habrían ocurrido intentos de manipular decisiones en diferentes estratos gubernamentales para facilitar la continuidad del proyecto minero. Esto incluiría supuestas maniobras para acelerar la concesión de permisos críticos, así como la obtención de un trato preferencial en la evaluación de impacto ambiental.

Además, han expuesto que todos estos intentos de influencia no solo estarían restringidos al ámbito administrativo. Se han hecho eco de la relación financiera entre Geoalcali y algunos ayuntamientos cercanos, afirmando que varias de estas localidades habrían recibido aportaciones económicas para proyectos municipales. Según ellos, estas contribuciones podrían haber estado condicionadas a la obtención de declaraciones favorables hacia la empresa, incluyendo una solicitud a la ministra de Medio Ambiente para que ignorara una sentencia que había anulado la concesión de explotación otorgada a Geoalcali.