En un reciente intento por esclarecer las circunstancias que rodean la situación de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, el Gobierno ha desestimado cualquier posible favoritismo hacia el político, quien se encuentra en prisión en Soto del Real por su supuesta implicación en una trama de corrupción relacionada con la manipulación de contratos públicos en el ámbito del Ministerio de Transportes.

La respuesta del Ejecutivo se produjo en respuesta a una serie de preguntas planteadas por los diputados de Vox, quienes exigían explicaciones sobre el supuesto trato privilegiado que podría estar disfrutando Cerdán tras su encarcelamiento. El Gobierno ha enfatizado que "no hay excepciones" en el cumplimiento de las normativas vigentes en las instituciones penitenciarias.

Los cuestionamientos de Vox se centraron en la recentísima autorización para que dos abogados, destacando al letrado Jacobo Teijelo, tuvieran acceso inmediato a Cerdán tras su ingreso en prisión en junio. Teijelo es mencionado por la formación política por su asociación con Leire Díez, conocida en el entorno del PSOE y supuestamente relacionada con una estrategia para desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

A pesar de las insinuaciones de Vox, el Gobierno ha mantenido una postura firme, recordando que la comunicación entre los reclusos y sus abogados está regulada por la legislación penitenciaria. Aseguran que se cumplen de manera rigurosa todos los procedimientos y normas estipuladas en esta legislación, así como las directrices que emanan de ella.

De esta manera, y según información a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reafirma que en la aplicación de las regulaciones penitenciarias no se contemplan excepciones, dejando claro a la opinión pública y a sus críticos que todos los procesos se llevan a cabo de acuerdo con la normativa establecida.