PAMPLONA, 17 de junio. En un gesto significativo de colaboración, el Gobierno de Navarra ha formalizado este martes un acuerdo con diversas organizaciones agrarias, estableciendo una "posición común" que busca fortalecer la defensa del sector ante los inminentes debates de la Unión Europea, que comenzarán en verano sobre la revisión de la Política Agrícola Común (PAC).

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, se reunió con líderes de entidades como UAGN, EHNE, UCAN y ALINAR para firmar un documento que incluye un preámbulo y ocho puntos. Este convenio exige un presupuesto robusto para la próxima PAC, priorizando las explotaciones familiares y aumentando la participación de las comunidades autónomas en su gestión.

Según información del Gobierno foral, la discusión sobre el nuevo ciclo de la PAC para 2028-2032 se iniciará este verano con la presentación del Marco Financiero Plurianual (MFP) por parte de la Comisión Europea en julio, estableciendo las bases del financiamiento del sector agroalimentario en la UE a futuro.

En este marco, el acuerdo resalta la necesidad de un "presupuesto ambicioso" que refleje la actual crisis del sector primario en Europa y que aborde los desafíos planteados por el nuevo comisario, Christophe Hansen, en su propuesta para mejorar la seguridad y soberanía alimentaria en el continente.

El consejero Aierdi ha enfatizado que las prioridades presupuestarias deben alinearse con estas necesidades, transformando principios en acciones concretas.

Las recientes exigencias de la UE en temas como la defensa ante problemas geopolíticos y la recuperación post-pandemia han generado incertidumbre en la agricultura. En este contexto, el acuerdo subraya que el sector agroalimentario, que ocupa al 15% de la población europea y asegura el suministro de alimentos de calidad, debe considerarse estratégico y, por tanto, protegerse de cualquier posible recorte en la PAC.

En el primer punto del acuerdo, se establece que la autonomía alimentaria y un modelo de producción sostenible deben ser prioridades para el gobierno, haciendo hincapié en la importancia de no depender de productos de terceros países.

Además, se propone una revisión integral del modelo actual de la PAC, para favorecer las explotaciones familiares y la economía social, así como para facilitar el relevo generacional y fomentar incentivos para una agricultura ambientalmente responsable, en lugar de depender de penalizaciones.

El acuerdo también destaca que las comunidades autónomas deben tener un papel central en la gestión de políticas agrarias, adaptándose a la diversidad territorial de Europa y manteniendo los pilares esenciales del desarrollo rural.

Por último, el documento plantea la necesidad de simplificar la normativa actual de la PAC, que resulta demasiado compleja para los agricultores, e implementar controles más estrictos sobre productos de países no comunitarios, asegurando así una competencia justa en términos ambientales, sanitarios y sociales.