Crónica Navarra.

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Gobierno de Navarra rechaza solicitud de UPN sobre revelar nacionalidad de detenidos.

Gobierno de Navarra rechaza solicitud de UPN sobre revelar nacionalidad de detenidos.

PAMPLONA, 4 de marzo. El Gobierno de Navarra ha expresado su desacuerdo con la reciente proposición de ley presentada por UPN, que busca modificar la Ley Foral 13/2023, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. Esta modificación pretende instituir la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar, con carácter trimestral, los países de origen de las personas detenidas bajo la presunta acusación de haber cometido un delito.

Los representantes del Gobierno han argumentado que dicha propuesta no brindará mejoras en la prevención del delito y contradice el propósito original de la ley que se intenta modificar. Según Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, la publicación de este tipo de datos podría facilitar la generación de actitudes racistas y xenófobas.

Alfaro ha subrayado que "el hecho de que alguien reprenda los orígenes de los delincuentes no tiene ninguna relación con la prevención o la disminución de la criminalidad". Afirma que quienes sostienen que revelar el origen de los detenidos puede disminuir el delito están mintiendo, y lo hacen de manera consciente, en contra de la evidencia científica.

El Gobierno también sostiene que "la divulgación innecesaria de la nacionalidad de los detenidos, cuando no es relevante para entender los incidentes, puede dar lugar a un trato discriminatorio y afectar el derecho al honor, al asociar repetidamente ciertas nacionalidades con el crimen".

La administración foral recalca que "mencionar de manera sistemática el país de origen de los acusados de delitos no es una práctica neutral. Además de infringir principios fundamentais de igualdad y proporcionalidad, puede servir de catalizador para el racismo y la xenofobia".

Alfaro ha indicado que la postura del Gobierno de Navarra se encuentra respaldada por amplia legislación tanto europea como estatal y foral que defiende la no discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión.

En este contexto, ha citado la recomendación número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que describe el "perfilado étnico" como el uso injustificado de criterios como la raza y la nacionalidad en actividades de control, considerándolo una forma de discriminación que frecuentemente se basa en estereotipos que criminalizan a las minorías.

Además, el Gobierno ha mencionado la Ley 15/2022, de 12 de julio, que establece el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de cualquier forma de discriminación directa o indirecta por motivos raciales o étnicos, exigiendo a los poderes públicos tomar medidas de prevención.

En el ámbito regional, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra, aprobado en 2002, estipula la necesidad de prevenir el racismo institucional y asegurar que no haya discriminación en la legislación local y en las actuaciones administrativas, así como garantizar prácticas no discriminatorias en la intervención de los cuerpos de seguridad.

La proposición de ley presentada por UPN buscaba añadir un nuevo párrafo al artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, obligando a la Administración Foral a analizar y publicar cada trimestre los países de origen de las personas detenidas en relación con presuntos delitos.

De acuerdo con la justificación de la propuesta, su objetivo es contribuir, mediante el análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes y a la reducción de la criminalidad. Sin embargo, un informe de la Dirección de Políticas Migratorias señala que "el suministro sistemático de estos datos únicamente refuerza estereotipos negativos, fomenta la estigmatización colectiva y puede distorsionar la percepción social, generando un impacto acumulativo que puede fomentar la polarización y conducir a la discriminación y violencia contra determinados grupos".

Además, el informe advierte que "al escuchar frecuentemente noticias que subrayan los orígenes extranjeros de los delincuentes, algunas personas pueden sobrestimar en gran medida la proporción de delitos atribuibles a la población migrante, a pesar de que los datos reales no lo sostengan".