La Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha decidido sumarse formalmente al caso conocido como 'Koldo', en el que se investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de obras públicas. El Tribunal Supremo ha notificado a Santos Cerdán, quien ocupaba hasta hace poco el cargo de secretario de Organización del PSOE, que está aceptado como parte demandante en este procedimiento judicial.

El magistrado encargado del caso, Leopoldo Puente, ha solicitado a Cerdán que aclare su decisión sobre si renunciará a su cargo como diputado antes del 25 de junio, fecha en la que debe comparecer ante el tribunal. La petición forma parte de las diligencias en torno a las acusaciones que lo vinculan con el origen de la trama presuntamente delictiva.

En un reciente auto, Puente ha respondido a una comunicación presentada por Cerdán, autorizándole a acceder a la documentación que se ha recopilado en la investigación, incluyendo un informe del 5 de junio emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, el tribunal ha dejado claro que su acceso a las pruebas es sin menoscabo de las que ya se hayan recogido anteriormente.

Además, el juez le ha instado a confirmar públicamente si efectivamente tiene intención de dejar su puesto como diputado y en qué términos, puntualizando que en caso de no recibir noticias al respecto, se asumirá que su renuncia no ha tenido lugar. Esta información es crucial en el contexto de las investigaciones en curso.

Por otro lado, UPN también ha sido admitido en el proceso, aunque el tribunal ha advertido a la formación que debe actuar bajo el asesoramiento legal proporcionado por el Partido Popular, dado que este partido ha presentado diversas acusaciones populares relevantes en el caso.

En otro giro de los acontecimientos, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado al Tribunal Supremo la devolución de dos memorias digitales que fueron incautadas durante un registro en casa de su exasesor Koldo García, así como otras que le fueron confiscadas en su propio domicilio en Valencia. Puente ha indicado que se le devolverán cuanto antes, pero ha señalado que aún no es posible hacerlo debido a la complejidad del caso.

El magistrado ha argumentado que la magnitud de la información recopilada ha complicando el proceso de recuperación de datos. Puente ha señalado que los investigadores están concentrando sus esfuerzos en analizar la gran cantidad de material intervenido, siendo esta una tarea urgente que no se puede desatender.

Finalmente, el juez ha criticado a Ábalos por no comprender la seriedad de la situación, ya que sus alegaciones sobre el "grave perjuicio" que supone la retención del material se centran en la existencia de álbumes familiares. A juicio de Puente, esto no justifica poner en pausa la investigación para localizar y devolver la información solicitada.