El exdirigente del PSOE, Santos Cerdán, ha desafiado las acusaciones de corrupción que lo rodean, rechazando cualquier implicación en la adjudicación irregular de obras públicas y el cobro de comisiones ilegales. Cerdán ha respondido a los cuestionamientos surgidos a raíz de unas grabaciones que lo vinculan a una supuesta trama de corrupción, al tiempo que cuestiona la autenticidad de dichos audios.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, apoyada por las denuncias del Partido Popular, ha solicitado al Tribunal Supremo que se le imponga prisión provisional a Cerdán debido a la gravedad de las acusaciones y el posible riesgo de fuga. Este enfoque marca un cambio significativo en comparación con otros casos recientes relacionados con figuras del PSOE, donde se optó por medidas cautelares menos severas.

En su reciente declaración, Cerdán se limitó a responder a su abogado y negó de manera contundente cualquier relación con la entrega de contratos de obra pública o el cobro de sobornos. Además, ha expresado su intención de impugnar los audios mencionados, argumentando que han sido sacados de contexto y que se está preparando un informe pericial para sostener su posición.

Cerdán también ha insinuado que su situación podría estar motivada por una cacería política orquestada para desestabilizar a los gobiernos progresistas. Al respecto, insinuó que su vinculación con partidos como el PNV y EH Bildu durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez ha jugado en su contra, sugiriendo que otros ministros podrían ser los próximos en ser investigados.

El exsecretario de Organización del PSOE fue recibido en el tribunal entre una gran expectación mediática. Junto a su abogado, prefirió no hacer declaraciones a la prensa al llegar a la audiencia.

El juez encargado del caso, Leopoldo Puente, deberá decidir sobre la solicitud de prisión provisional tras recibir un informe que sitúa a Cerdán en el centro de la trama de corrupción, junto con otros altos funcionarios como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García.

El caso Cerdán ha cobrado protagonismo debido a un informe de la UCO que se basa en grabaciones realizadas entre 2019 y 2023 por Koldo García, donde se incluyen conversaciones que evidenciarían una red de corrupción. Según los investigadores, esta trama inició en Navarra en 2015, creciendo en complejidad y alcance conforme Cerdán y sus asociados aumentaban su influencia política.

Las indagaciones revelan que el papel de Cerdán en las irregularidades percibidas ha sido fluctuante, variando desde un importante gestor de "pagos" durante las etapas más recientes de sus coacusados, a un rol más activo en la organización a medida que estos perdieron poder.

Los documentos investigativos indican que varias constructoras, incluidas Acciona y Levantina Ingeniería, están involucradas en esta supuesta trama, con un monto de sobornos que asciende a 620,000 euros, de los cuales aún quedarían 450,000 por cobrar. Cerdán ha expresado su firme resolución de defenderse ante cualquier acusación en su contra.

A lo largo del proceso, un elemento crucial en el interrogatorio será un contrato privado hallado en una operación reciente llevada a cabo en la casa de un empresario local. Este contrato refleja el momento en que Cerdán adquirió el 45% de una empresa constructora en condiciones que la UCO considera sospechosas. La defensa de Cerdán ha lanzado cuestionamientos respecto a la validez legal de este documento, insistiendo en que carece de efectos jurídicos al no haber sido formalizado adecuadamente.

El Consejo General del Notariado ha aclarado que, aunque los contratos privados no elevados a escritura pública no son reconocidos ante terceros, pueden ser considerados válidos entre los firmantes, lo que añade una capa de complejidad a la defensa presentada por el exlíder socialista.