PAMPLONA, 16 de diciembre.

Juan José Pérez Capapay, director general de Intervención del Gobierno de Navarra, ha declarado que, de haber estado al mando durante la licitación de las obras del túnel de Belate, habría detenido el proceso al oír rumores sobre una adjudicación predefinida, específicamente a favor de la UTE formada por Acciona y Servinabar. Afirmó que, basado en su experiencia, nunca permitiría que un asunto así avanzara sin esclarecer esos rumores.

En su comparecencia frente a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Pérez Capapay enfatizó que cualquier decisión sobre la licitación requeriría un análisis exhaustivo del expediente involucrado. A pesar de que el interventor delegado había emitido un reparo no suspensivo respecto a la adjudicación, Pérez Capapay subrayó que le resultaría inaceptable continuar en una mesa de contratación con la desconfianza que generan tales rumores. A lo largo de su intervención, mostró respeto hacia el trabajo realizado por el interventor delegado en virtud de su autonomía.

Además, dejó claro que durante su tiempo en el cargo no ha recibido presiones ni instrucciones del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, o de cualquier otro funcionario del gobierno.

Es importante recordar que la Dirección General de Intervención había emitido alegaciones en respuesta a un informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) que señalaba irregularidades en la adjudicación del túnel. Si bien el informe de la Intervención refutó que la adjudicación debería considerarse nula, Pérez Capapay rechazó las acusaciones de que su informe fuese un intento del Gobierno por "blanquear" la situación. "No vengo aquí para que me llamen blanqueador del Gobierno", respondió con firmeza ante las críticas.

A lo largo de la comparecencia, también enfatizó que el control interno de los procesos debe manejarse con autonomía y total independencia técnica.

En un giro del debate, Pérez Capapay reveló que, si hubiera estado en la posición del director general de Obras Públicas al momento de recibir el reparo no suspensivo, habría actuado para corregir los problemas del informe. Asimismo, mencionó que el interventor delegado expresó preocupaciones sobre su capacidad para participar objetivamente en cualquier futura licitación debido a tensiones previas, lo que llevó a Pérez Capapay a sugerir medidas alternativas que no fueron bien recibidas.

La forma en que se realizó la votación durante la mesa de contratación también fue objeto de cuestionamiento, especialmente el hecho de que el presidente pudiera haber conocido las calificaciones de los demás técnicos antes de emitir su voto. Pérez Capapay defendió la integridad de la votación, afirmando que la capacidad de decisión de los miembros de la mesa como empleados públicos debe ser respetada.

El director general también apuntó que lo más significativo sobre la puntuación no es quién otorgó qué calificación, sino las razones detrás de las mismas. Criticó en particular los pliegos de la licitación, subrayando su relevancia en cualquier adjudicación.

Otro momento de tensión se produjo cuando UPN cuestionó a Pérez Capapay sobre correos relacionados con el proceso. Se interesaron en saber si el consejero Arasti estaba al tanto de la situación en la mesa de contratación. Pérez Capapay explicó que el 4 de noviembre de 2023, había transmitido al interventor delegado que, según los comentarios de Arasti, el director general de Obras Públicas no tenía intención de proceder con la adjudicación. Sin embargo, durante la comparecencia, negó que el consejero le hubiera hecho tal comentario, lo que despertó escepticismo entre los parlamentarios.

Pérez Capapay también se refirió a un informe de su Dirección General que emitió un reparo suspensivo ante el sobrecoste asociado con las obras, aclarando que, aunque no son ingenieros de caminos, son expertos en áreas jurídicas y contables. Afirmó que el sobrecoste mencionado incluía ajustes de precios que no eran justificables bajo las condiciones del contrato modificador.

Por último, el director general manifestó sentir "vergüenza" al conocerse las investigaciones policiales y judiciales que potencialmente involucran a Acciona y Servinabar en un caso de corrupción. Sin embargo, reiteró que no contaban con evidencia suficiente para vincular al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con Servinabar, aunque reconoció que, de confirmarse, constituye un evidente conflicto de interés.