PAMPLONA, 7 de enero.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha presentado un informe revelador en su Observatorio de Radicalización, donde se contabilizan 374 actos de respaldo a la organización terrorista ETA durante el año 2025, de los cuales 69 tuvieron lugar en Navarra. Comparado con el año anterior, se observa una reducción significativa de 47 eventos, lo que representa un descenso del 11% en la aprobación pública hacia la banda terrorista.

Por tercer año consecutivo, Covite ha afirmado que no se han registrado 'ongi etorris', es decir, homenajes a etarras a su salida de prisión durante 2023, 2024 y 2025. "Este hecho es alentador para las víctimas de ETA y para la sociedad en general", expresó Consuelo Ordóñez, presidenta de la organización, subrayando el impacto positivo de esta tendencia.

A pesar de la disminución en el número total de actos, Covite advierte que la cifra sigue siendo alarmante y evidencia una continua legitimación de ETA en el ámbito público de Euskadi y Navarra. Esta preocupación aumenta al considerar la liberación reciente de numerosos etarras, que ha hecho que algunos actos de apoyo, anteriormente comunes, sean menos frecuentes en las movilizaciones de la izquierda abertzale.

El informe destaca que el culto a ETA persiste de manera preocupante, con 374 actos documentados en diversas formas, incluidos 141 manifestaciones que exigen la liberación de terroristas encarcelados, 116 actos de exhibición de pintadas y pancartas que glorifican a ETA, 23 festividades donde se rinde homenaje a la banda y 39 homenajes a miembros fallecidos de ETA, entre otros.

El acto más común de 2025 ha sido los homenajes a 'Txiki' y Otaegi, miembros de ETA fusilados durante el franquismo. Covite señala que la memoria de estas ejecuciones se ha reavivado considerablemente, especialmente durante los meses de verano, con un aumento significativo en la cantidad de homenajes y expresiones de apoyo. Aunque se reconoce la naturaleza ilegal de dichas ejecuciones, Covite sostiene que esto no exime a los homenajeados de sus crímenes como activistas de ETA, y que el debate ético sobre su legado sigue siendo esencial.

Covite también denunció que la izquierda abertzale no reivindica a 'Txiki' y Otaegi por sufrir bajo la dictadura, sino por ser antiguos miembros de ETA. La organización critica que no se brinde el mismo reconocimiento a quienes pacíficamente se opusieron al régimen franquista, señalando una clara discriminación en la memoria histórica que fomenta una visión distorsionada de la violencia y el terrorismo.

En cuanto a la política penitenciaria, Covite ha alertado sobre cómo esta sigue favoreciendo a los presos de ETA, permitiendo progresiones a un tercer grado que califican de "fraudulentas". La asociación subraya que se están otorgando beneficios a aquellos que no han demostrado un arrepentimiento genuino ni han roto vínculos con la narrativa de legitimación del terrorismo de la izquierda abertzale.

La falta de arrepentimiento, según Covite, se contrasta con el comportamiento de los presos que verdaderamente desean distanciarse de su pasado, quienes son rápidamente marginados de la comunidad de la izquierda abertzale. La organización cita ejemplos concretos que evidencian esta correlación y sugiere que la verdadera rehabilitación es posible solo cuando se da un cambio real en la actitud de los reclusos.

Covite ha manifestado su preocupación por la opacidad del Gobierno vasco en cuanto a la información sobre los beneficios penitenciarios otorgados a los presos de ETA. A pesar de promesas de mayor transparencia por parte de la consejería de Justicia de la comunidad, el colectivo sostiene que sus solicitudes han sido ignoradas, lo que cerra la posibilidad de que las víctimas dispongan de una adecuada información sobre decisiones que les afectan directamente.

La asociación ha solicitado al Gobierno vasco detalles sobre cuántos presos de ETA han sido beneficiados por el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, que permite derechos a ciertos reclusos en segundo grado. Sin embargo, han sido reiteradamente ignorados en esta cuestión, algo que consideran inaceptable en un sistema que debe velar por los derechos de las víctimas.

En conclusión, Covite exige una revisión de la política de concesión de beneficios, que están siendo aplicados con el visto bueno de instituciones que deberían garantizar el derecho a la justicia. La organización critica que organismos como la Fiscalía de la Audiencia Nacional han comenzado a avalar estos terceros grados, ignorando el grave problema de impunidad que esta práctica implica y dejando a las víctimas sin protección frente a las decisiones de las autoridades.