PAMPLONA, 5 de noviembre.

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha denunciado la gravedad de los disturbios ocurridos recientemente en el campus de la Universidad de Navarra, describiéndolos como "espantosos". Ordóñez subraya que esta situación refleja un serio desafío relacionado con la radicalización violenta que afecta no solo al País Vasco, sino también a Navarra.

Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de la XXIII Jornada Anual de Covite, centrada en el tema "Desmontar los mitos: Verdad y Memoria ante la legitimación del terrorismo". Este evento tuvo lugar en Pamplona y surge en respuesta a los incidentes del pasado jueves, que se desarrollaron en el campus universitario y en el barrio de Iturrama. Estos disturbios se generaron durante una protesta de grupos radicales contra un acto impulsado por el activista Vito Quiles, el cual había sido cancelado y no contaba con la autorización necesaria.

“Estos incidentes son alarmantes. Lo hemos vivido durante demasiado tiempo, y yo misma he sido víctima de esta situación. Estamos jugando con fuego”, afirmó Ordóñez, quien pidió la implementación de "sanciones administrativas" para poner fin a esta violencia. Considera que las penas no deben limitarse al ámbito penal, sino que deben existir consecuencias administrativas para aquellos que inciten y participen en la violencia.

Ordóñez propuso que, en caso de detenciones, los responsables sean enjuiciados y castigados, y enfatizó que es igualmente importante que los organizadores de estas acciones violentas enfrenten consecuencias. “Si estos individuos empiezan a pagar por la violencia que generan, quizás estemos ante un cambio de escenario”, añadió.

“Advertimos sobre esta problemática desde hace años”, continuó la presidenta de Covite, destacando la creación del puesto de Oficial de Radicalización en 2016 como parte de sus esfuerzos para abordar el tema. “Estamos constantemente instando a las autoridades a que tomen en serio la amenaza de la radicalización violenta”, señaló, subrayando que la región presenta un preocupante índice de jóvenes radicalizados, uno de los más altos de Europa.

Asimismo, enfatizó que la violencia que ahora se observa es una continuación de lo que antes realizaba la kale borroka, pero bajo nuevas formas. Ordóñez destacó que “usar la violencia para defender una idea es completamente ilegítimo; en realidad, desacredita dicha idea”.

Frente a esta situación, Ordóñez instó a la implementación de un régimen sancionador efectivo que aborde la radicalización violenta, similar al que se estableció en 2023 para la ley de memoria democrática en el País Vasco. Criticó la falta de voluntad política para actuar en este sentido, afirmando que los gobernantes, independientemente de su ideología, no han asumido en serio la magnitud del problema.

Las jornadas de este año tienen como objetivo “desmontar mitos peligrosos”, en especial aquellos relacionados con la legitimación del terrorismo etarra. Esto incluye enfrentar percepciones erróneas sobre víctimas y victimarios, así como la noción de que las víctimas del terrorismo están en un estado de bienestar adecuado tras años de sufrimiento.

Ordóñez advirtió sobre la continua impunidad que afecta a las víctimas de ETA, señalando que un 40% de los crímenes perpetrados por esta organización aún no han sido resueltos. “Los únicos que han pagado el precio de la paz son las víctimas”, afirmó, resaltando que el país tiene una deuda moral innegable con ellas, mientras critica a los políticos que, a su juicio, han mentido sobre este tema en el pasado.