La Cámara de Comptos ha emitido recientemente su evaluación sobre diversos proyectos de construcción en Navarra, otorgando un visto bueno en la legalidad de varias adjudicaciones de contratos a la UTE Acciona-Alegure y la UTE Acciona-Servinabar. Entre los proyectos analizados se destacan las obras de un colegio en Arbizu y la adecuación del Pabellón Arena, así como la reforma del Archivo General de Navarra y la construcción de 46 viviendas de protección oficial (VPO) en Erripagaña, Pamplona. Sin embargo, se ha señalado que el proyecto de 62 viviendas en Erripagaña en 2018 presenta serias irregularidades, como la falta de actas en la mesa de contratación y causales de exclusión en dos de las ofertas presentadas.

Este informe surge en el contexto de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que se indaga sobre posibles delitos de corrupción en un caso conocido como 'caso Cerdán'. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, solicitó que se revisaran los contratos adjudicados a las empresas implicadas por la UCO, aunque es importante destacar que no se mencionaron obras específicas dentro de Navarra en la investigación de la UCO. Así, la Cámara de Comptos ha decidido no incluir en el análisis las obras de los túneles de Belate, ya que fueron objeto de un estudio previo.

En relación al Pabellón Arena, el contrato fue adjudicado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud por un monto de 4,6 millones de euros, con un plazo de presentación de ofertas que finalizó el 4 de septiembre. Curiosamente, la UTE Acciona-Servinabar fue la única que se presentó a la licitación y ganó con una oferta que representó un descuento del 0,2%. El informe indica que se amplió el contrato en 200.000 euros para satisfacer las solicitudes de diferentes federaciones deportivas, y se ratificó que la justificación técnica para dicha modificación era válida. A pesar de esto, la empresa enfrentó una penalización de 78.000 euros por retrasos en la obra.

En el caso de la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra, la licitación fue gestionada en febrero de 2018 por un importe de 2,9 millones, con cuatro ofertas presentadas. La obra fue finalmente otorgada a la UTE Acciona-Servinabar por 2,4 millones. En marzo de 2019, esta UTE solicitó una prórroga y la suspensión temporal de la obra debido a imprevistos, pero la solicitud fue denegada, aunque la obra sigue en curso con un nuevo plazo ampliado de seis meses, resultando en un costo final de 2,9 millones tras justificaciones técnicas aprobadas.

Las obras del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Arbizu fueron licitadas en mayo de 2018 por un monto de 3,5 millones, con la UTE Acciona-Alegure ganando el contrato por 3,2 millones. A pesar del inicio en agosto de 2018, los avances fueron mínimos y la UTE pidió resolver el contrato o aumentar el plazo a causa de sobrecostes. Finalmente, se le concedió una extensión de dos meses y un incremento de 85.000 euros al importe del contrato, con una penalización de 18.000 euros impuesta por un retraso adicional.

Por otro lado, en septiembre de 2018, se gestionó una licitación para la construcción de 62 VPO en Erripagaña, donde la UTE Acciona-Servinabar volvió a ser la empresa adjudicataria por 6,8 millones de euros. Sin embargo, el informe destaca la carencia de actas en la mesa de contratación que documentaran el proceso de decisión, y se remitieron dudas sobre la validez de la información presentada por las empresas licitadoras, ya que dos de las tres incluyeron datos prohibidos en sus ofertas, lo que conllevó a consideraciones de exclusión.

El seguimiento de la ejecución del contrato mostró un aumento de más de 900.000 euros en el presupuesto del proyecto, justificado por informes técnicos considerados razonables. Lejos de los efectos de la pandemia de Covid-19, los trabajos en esta edificación se retrasaron, pero no se aplicaron penalizaciones. En enero de 2023, la construcción de 46 VPO en Erripagaña también fue adjudicada a la UTE Acciona-Servinabar, alcanzando un costo final de 8,3 millones, aunque la UTE aún debe justificar la contratación de personal adicional para cumplir con criterios sociales y se evalúa si las demoras son justificadas.

El informe de la Cámara de Comptos también examina las participaciones dentro de las UTE, señalando modificaciones en la distribución de acciones entre las empresas. Particularmente, Acciona ha llegado a poseer el 99,99% en varios contratos a través de cambios que se han documentado desde el inicio de los proyectos. Es fundamental que se implementen reformas que delimiten mejor los criterios de adjudicación y regulación de uniones temporales de empresas para evitar irregularidades en el futuro.