La situación se complica para Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, quien se encuentra bajo la lupa del Tribunal Supremo (TS) en relación al controvertido 'caso Koldo'. La investigación ha revelado indicios que sugieren su posible involucramiento en actividades delictivas, específicamente en delitos de integración en organización criminal y cohecho, en el marco de la adjudicación irregular de obras.

Leopoldo Puente, el juez encargado del caso, ha convocado a Cerdán para que comparezca de manera voluntaria el 25 de junio a las 10:00 horas. Este requerimiento se fundamenta en su condición de aforado, dado que Cerdán es miembro del Congreso de los Diputados. Esta cita representa un paso necesario previo a la solicitud formal de suplicatorio ante la Cámara Baja para avanzar en las investigaciones que le atañen. Se ha indicado al secretario que asista con un abogado. Un día antes, estarán citados el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García, para ser nuevamente interrogados.

Este avance en el procedimiento coincide con la decisión del alto tribunal de levantar el secreto de la pieza que investiga la posible implicación de Cerdán. Dicha decisión fue motivada por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que presenta numerosas menciones al político en relación con conversaciones que podrían implicarlo en la recepción de sobornos. Este aspecto había sido anticipado por la 'Cadena SER' y confirmado por Europa Press a través de fuentes del caso.

En su resolución, Puente destaca que el informe contiene “referencias a circunstancias específicas”, sobre todo relativas a la aparentemente irregular adjudicación de obras públicas. Señala que estos hechos podrían ser delictivos y están estrechamente relacionados con el origen de la causa actual, lo que justifica su interés en interrogar tanto a Cerdán como a Ábalos y Koldo.

El magistrado ha indicado que hay “indicios sólidos” sobre la posible colaboración de Cerdán en la adjudicación irregular de proyectos públicos, lo que implicaría un acuerdo con otras personas en esta trama de corrupción.

El avance de la UCO en la investigación incluyó registros en la vivienda de Ábalos en Valencia, así como en varias empresas en diferentes provincias, tales como Granada, Valencia, Vizcaya y Navarra, todas vinculadas a esta compleja red de corrupción.

Todo esto se desencadenó tras la obtención de un informe de la UCO, que reveló grabaciones en el móvil de Koldo en las que, según la evaluación inicial, Ábalos admitía haber recibido un "beneficio económico" vinculado a adjudicaciones de obras públicas.

Además, los operativos de la Guardia Civil no solo abarcaron el domicilio de Ábalos, sino que también se extendieron a la sociedad Serbinavar 2000 SL, administrada por Antxon Alonso, quien realizó transferencias a una cuenta perteneciente a Koldo y su ex esposa entre 2017 y 2018, según ha indicado otro informe de la UCO.