PAMPLONA, 22 de mayo. El Parlamento de Navarra ha llevado a cabo este jueves una sesión en la que se ha ratificado el decreto-ley foral que introduce medidas extraordinarias y urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas de la región. La iniciativa ha recibido el respaldo del PSN, EH Bildu y Geroa Bai, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra, y Contigo-Zurekin ha optado por la abstención. También se ha decidido tramitar el decreto como un proyecto de ley foral, con el consenso de prácticamente todos los grupos a excepción de Contigo-Zurekin, que se ha abstenido en la votación.

Entre las novedades que contempla el decreto, destaca la implementación de una permanencia mínima de dos años en el cargo adquirido mediante un proceso selectivo antes de que se pueda solicitar una excedencia voluntaria. Además, se busca agilizar los procedimientos administrativos en la selección y provisión de puestos, así como mejorar las condiciones para ocupar plazas de difícil cobertura en el sector de la salud.

La consejera de Función Pública, Interior y Justicia, Amparo López, ha subrayado que, pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno foral en este ámbito, los resultados todavía no son los esperados. Ha enfatizado que hay obstáculos en la regulación vigente que dificultan el proceso y que este decreto-ley podría representar la solución necesaria para alcanzar el objetivo de reducción de temporalidad al 8%. López ha resaltado la importancia del autogobierno en Navarra para implementar estas modificaciones.

Marta Álvarez, representante de UPN, ha criticado duramente la falta de debate en torno a esta normativa, que ha sido rechazada por la mayoría de los sindicatos de funcionarios. Ha calificado la aprobación del decreto como un desprecio hacia los empleados públicos y ha denunciado el uso inadecuado de un procedimiento de urgencia para su trámite, considerando que no es justificable en este caso.

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha alertado sobre el elevado número de excedencias voluntarias que han surgido tras la obtención de puestos fijos, cifra que ha ido en aumento desde mayo de 2023. A pesar de que Navarra ha logrado reducir su tasa de temporalidad del 43% al 16% en tres años, Unzu ha reconocido que no se ha llegado al anhelado 8%, señalando que su grupo buscará que el decreto se convierta en ley para extender sus efectos a las entidades locales.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hecho hincapié en que las medidas adoptadas hasta este momento han demostrado ser útiles en la reducción de la temporalidad, aunque aún no se ha alcanzado el porcentaje deseado. Araiz ha planteado la necesidad de acelerar este proceso mediante la modificación de la normativa sobre excedencias voluntarias.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha manifestado que las medidas contenidas en el decreto-ley representan un avance significativo, no solo en la disminución de la temporalidad, sino también en la mejora de los procedimientos de ingreso, lo que beneficiará a los ciudadanos. Sin embargo, ha expresado su deseo de que el proceso se hubiera llevado a cabo mediante un proyecto de ley, en un marco de mayor consenso con los sindicatos.

Irene Royo, del PPN, ha calificado el decreto como un "fraude" que introduce medidas que, en su opinión, afectan negativamente a los principios de mérito y capacidad, advirtiendo que esto podría considerarse inaceptable dentro de un Estado de derecho. Ha señalado que se están implementando métodos que se asemejan más a prácticas arbitrarias que a procesos concursales transparentes, y ha anunciado su intención de solicitar modificaciones al texto.

Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto la difícil situación de su coalición ante la aprobación del decreto. Ha llamado a un auténtico diálogo social y ha manifestado que el camino hacia la transformación de la administración pública no se logrará sin una comunicación efectiva entre el Gobierno y los sindicatos.

Finalmente, Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha expresado que no se puede permanecer idle ante las necesidades de la Administración, pero ha advertido que cualquier solución debe garantizar la seguridad jurídica. Ha considerado que el contenido del decreto no ha sido suficientemente trabajado y ha manifestado preocupación ante el rechazo casi unánime de los sindicatos.