El Ministerio de Transición Ecológica se encuentra bajo la lupa tras ser acusado por trece comunidades autónomas, incluyendo las ciudades de Ceuta y Melilla, de evitar la realización de una conferencia sectorial clave. Este encuentro es necesario para discutir y votar el informe sexenal del lobo, que, de acuerdo con los procedimientos, el Gobierno debe enviar a la Comisión Europea.

En una carta enviada a Bruselas el 1 de agosto, las comunidades expresan su preocupación por lo que consideran una "situación insólita" y "extrema gravedad". Este escrito, dirigido a la comisaria europea de medio ambiente, Jessika Roswell, destaca la "quiebra" del Estado de Derecho y la vulneración del principio de cogobernanza, así como la profunda indefensión de las instituciones autonómicas.

Las comunidades enfatizan que la aprobación del informe sobre el lobo requiere un acuerdo mayoritario, y mencionan que, el 10 de julio, se realizó una reunión donde dicho informe fue validado por una amplia mayoría. Este informe, elaborado por las propias comunidades, afirma que el estado de conservación del lobo es favorable.

Pese a esto, las complicaciones comenzaron con la convocatoria de la conferencia sectorial. Aunque inicialmente estaba programada para el 22 de julio, el ministerio la desconvocó unilateralmente el 17 de julio, lo que ha levantado las alarmas entre las comunidades firmantes.

Las comunidades sostienen que la cancelación de la conferencia fue injustificada, citando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad relacionado con otra ley por parte del Defensor del Pueblo como el argumento erróneo para dicha decisión. Ante esta situación, el 21 y 24 de julio, solicitaron una reunión extraordinaria para abordar la urgencia de los temas pendientes.

Sin embargo, el 29 de julio, la ministra del ramo, Sara Aagesen, reafirmó que la conferencia no se convocaría, dejando a las comunidades en la inquietante posición de no haber podido votar un informe que el Gobierno aún planea remitir a la UE.

En este contexto, las comunidades han señalado que el ministerio actúa "soslayando la ley". Entre las comunidades que han suscrito la carta se encuentran Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja y otras, que han expresado su descontento enérgicamente.

Recientemente, MITECO solicitó a la UE una ampliación en el plazo de entrega de los informes sexenales que deben remitirse antes del 31 de julio. Este retraso se presenta como un nuevo capítulo en el complejo manejo de la información relativa a la conservación del lobo, mientras que otros informes sobre aves están siendo enviados sin inconvenientes.

Fuentes de la UE señalaron que pequeños retrasos podrían ser aceptados debido a dificultades técnicas en la nueva plataforma de informes. Sin embargo, el contenido del informe que Españaenvíe a la UE es crucial, ya que un resultado desfavorable para el lobo podría acarrear restricciones severas, incluyendo la prohibición de controles letales, siguiendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

La controversia sobre la protección del lobo ha crecido desde que este fuera incorporado al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021. Las tensiones han aumentado con la reciente aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que facilita la caza del lobo en un contexto donde la Eurocopa ha modificado el nivel de protección del animal en la región.

Varias comunidades han retomado respectivos planes de gestión para el lobo, lo que ha generado conflictos judiciales con grupos ecologistas que cuestionan las decisiones gubernamentales. En este sentido, tres organizaciones denunciaron la "incomprensible disparidad judicial" en la aplicación de las normas de protección del lobo en diferentes regiones.

Conforme a la Ley de Desperdicio Alimentario, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe validar los informes sexenales, siguiendo un procedimiento que MITECO ha alterado tras enviar un borrador que fue rechazado por las comunidades afectadas. Este informe, generado por las comunidades "loberas", finalmente pudo ser sometido a votación, obteniendo mayor apoyo, a excepción de algunas abstenciones.

El futuro de la conferencia sectorial, cuya realización estaba prevista para el 22 de julio antes de su anulación, sigue en la incertidumbre, lo que podría influir en la gestión y protección del lobo en el país, un debate que continúa polarizando la opinión pública y política.