Qué hay detrás de la condena de 23 años a un inmobiliario de Tierra Estella por apropiarse de 226.000 €
Audiencia de Navarra condena a 23 años y 9 meses al dueño de una inmobiliaria de Tierra Estella por apropiarse de 226.000 € en arras entre 2021 y 2024.
La Audiencia de Navarra ha condenado a 23 años y 9 meses de prisión al propietario de una inmobiliaria de Tierra Estella que se quedó con más de 226.000 euros entregados en concepto de arras entre 2021 y 2024. Lo ha hecho en dos sentencias dictadas en el último mes, con un total de 20 perjudicados identificados.
La primera resolución, fechada el 25 de septiembre, le impuso 5 años y 9 meses por apropiación indebida agravada. Debe indemnizar a cuatro damnificados con 5.000 euros a cada uno, incluidos daños morales, y abonar además gastos bancarios a dos de ellos. La segunda, del 22 de octubre, le condenó a 9 años por estafa continuada y otros 9 por apropiación indebida continuada, por un importe de 201.433 euros.
El caso se apoya en un patrón reiterado. El acusado era administrador único y representante legal de una agencia con sede en Viana que él mismo había constituido. Aunque tenía empleados, controlaba los contratos, los depósitos y las cuentas bancarias. Según el tribunal, firmó operaciones sin poder formal, falsificó documentos y vendió inmuebles que no le pertenecían.
Las sentencias pesan también su historial. El propio condenado admitió en el juicio tener ocho condenas previas y conocer otras tres notificadas recientemente. El tribunal aplicó la agravante de reincidencia y subrayó que no mostró arrepentimiento ni atendió a las víctimas, pese a saber con certeza la ilicitud de sus actos.
Más allá del caso concreto, la resolución pone el foco en la protección de quienes entregan cantidades antes de firmar una escritura, una práctica habitual en el mercado de vivienda. Los expertos en derecho inmobiliario recuerdan la importancia de verificar la identidad del agente, sus poderes y la titularidad registral del inmueble antes de cualquier pago.
Las condenas pueden recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Mientras tanto, queda pendiente la efectiva recuperación de los fondos por parte de las víctimas, un aspecto que el fallo reconoce como obligación pero que no garantiza su cobro.