En una jornada que marcó un nuevo episodio en el debate sobre el acceso a la vivienda, el Parlamento de Navarra aprobó el pasado jueves una moción que busca establecer una mayor regulación sobre las viviendas deshabitadas en la comunidad. La propuesta, respaldada por los partidos PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, recibió el rechazo de UPN, PPN y Vox. Esta iniciativa instó al Gobierno foral a garantizar, antes de mayo de 2026, la actualización y automatización de datos del Registro de Viviendas Deshabitadas a través del Observatorio de la Vivienda de Navarra.

En su esencia, la moción promovida por EH Bildu también solicita a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) que, en alianza con el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, elabore una circular informativa sobre el Impuesto de Viviendas Deshabitadas y desarrolle un marco que permita a los municipios implementar su propia normativa. Esta propuesta tiene como objetivo asegurar que las ordenanzas municipales sean robustas desde el punto de vista legal y respeten la autonomía local.

Originalmente, la moción se centraba en el consumo de las viviendas, pero una enmienda impulsada por PSN y aceptada por EH Bildu amplió su alcance al incluir el acceso a 'información' que considerara otros criterios para declarar una vivienda como deshabitada, como la localización del domicilio fiscal, lo que ha generado un importante debate en torno a la definición de estos inmuebles vacíos.

Mikel Zabaleta, portavoz de EH Bildu, argumentó que Navarra enfrenta un grave problema de viviendas vacías mientras muchas personas carecen de un hogar. En este contexto, abogó por implementar un impuesto sobre estas viviendas deshabitadas, señalando que los obstáculos actuales se deben a un registro ineficaz y a la falta de ordenanzas municipales para su aplicación correcta.

Por su parte, Daniel López de Contigo-Zurekin expuso que la propuesta de enmienda es esencial para reconocer la existencia de diferentes criterios que podrían demostrar que una vivienda está deshabitada. Además, enfatizó que los municipios son actores clave para abordar esta cuestión, ya que tienen un contacto directo con la ciudadanía y pueden actuar con mayor eficacia en la materia.

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin advirtió que la moción crea la ilusión de que hay un problema significativo con viviendas desocupadas, citando que solo el 0.6% de las viviendas en Navarra están vacías. Criticó la efectividad de la propuesta, que no aborda la verdadera necesidad de ofrecer soluciones de vivienda adecuadas y asequibles para las familias necesitadas.

Kevin Lucero, del PSN, destacó la importancia de que el registro de viviendas deshabitadas no se convierta en un simple archivo de datos sino que funcione como una herramienta efectiva para la política pública. Abogó por asegurar que el registro esté completo, actualizado y que cumpla con un propósito claro en la lucha por el acceso a la vivienda.

Desde Geroa Bai, Itxaso Soto observó que no todas las viviendas catalogadas como deshabitadas son aptas para ser habitadas. A pesar de coincidir con EH Bildu en la necesidad de movilizar recursos, enfatizó que la rehabilitación de viviendas subestándar es fundamental para abordar la crisis habitacional en Navarra.

Maribel García Malo, representante del PPN, criticó la falta de soluciones efectivas en las propuestas de EH Bildu, señalando que su enfoque se centra en los propietarios en lugar de abordar la problemática real del acceso a vivienda. Recordó que apenas 1.300 viviendas están registradas como deshabitadas y que el proceso para que esas viviendas lleguen al mercado es complicado y prolongado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez se opuso a la medida, argumentando que esta legislación estigmatiza a los propietarios de múltiples viviendas, sugiriendo que los gobiernos adoptan un enfoque confiscatorio encubierto bajo la apariencia de justicia social. Criticó que se están midiendo aspectos de la vida cotidiana de los propietarios, advirtiendo que estas políticas pueden traer más problemas económicos a las familias en el futuro.