El Parlamento de Navarra ha dado un paso significativo hacia la reducción de la temporalidad en la Administración, al aprobar un nuevo proyecto de ley que establece requisitos más estrictos para los empleados públicos. Esta legislación, respaldada por los partidos PSN, EH Bildu y Geroa Bai, ahora exige que los funcionarios permanezcan al menos dos años en la plaza obtenida a través de un concurso antes de poder solicitar una excedencia voluntaria. En contraste, UPN, PPN, Vox y un parlamentario no adscrito han expresado su oposición a la medida, mientras que Contigo-Zurekin optó por la abstención.

La iniciativa legislativa surge como un desarrollo del decreto ley foral previamente aprobado por el Gobierno de Navarra. La semana pasada, esta propuesta ya había pasado por un proceso de convalidación en el Parlamento, donde se acordó que su tratamiento continuaría como proyecto de ley, permitiendo así la introducción de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Uno de los cambios más relevantes en el proyecto es la inclusión de las entidades locales en la normativa sobre excedencias voluntarias, gracias a enmiendas propuestas por PSN, EH Bildu y Geroa Bai. Además, se ha reintroducido un tipo de excedencia que se había eliminado, permitiendo a los empleados que prestan servicios en otras administraciones de Navarra tomar una excedencia, aunque con ciertas limitaciones. Las propuestas de estos grupos han recibido el apoyo del PPN, mientras que UPN, Vox y el parlamentario no adscrito han votado en contra, y Contigo-Zurekin se ha abstenido.

En cuanto a las enmiendas presentadas por UPN, PPN, Contigo-Zurekin y el parlamentario no adscrito, estas no han sido aprobadas durante la sesión. La nueva ley propone también medidas dirigidas a simplificar la administración en los procesos de selección y traslados, apoyándose en la digitalización y la experiencia adquirida en anteriores convocatorias de estabilización de personal.

Para facilitar la cobertura de las plazas pendientes en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2022, 2023, 2024 y la OPE parcial de 2025, se han reducido los plazos de los procesos selectivos. Además, se sustituye la publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON) por publicaciones a través de plataformas digitales, lo cual promete acelerar los procedimientos de cobertura de vacantes ocupadas por personal temporal.

La regulación de los concursos de traslado se ha simplificado, limitándose a valorar la antigüedad en el puesto y los conocimientos lingüísticos, lo que permitirá a la Administración gestionar estos procesos de manera más ágil. Esta flexibilización también se aplicará temporalmente en el Servicio Navarro de Salud, pero con una vigencia limitada de dos años.

Amparo López, consejera de Interior y Función Pública del Gobierno de Navarra, ha defendido el enfoque del Ejecutivo, afirmando que desde que comenzó la legislatura se ha trabajado en lograr una mayor estabilidad en el empleo público. Según sus palabras, los esfuerzos del Gobierno han permitido reducir la tasa de temporalidad al 16%, con el ambicioso objetivo de alcanzar el 8%. López asegura que las medidas contempladas en la nueva legislación son esenciales para alcanzar dicha meta.

Desde la oposición, la parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha criticado la ley, argumentando que esta representa un recorte a los derechos de los empleados públicos en Navarra y que tendrá repercusiones legales debido a su posible inconstitucionalidad. Ha agregado que estos cambios atacan principios fundamentales como el derecho a la excedencia y a la movilidad dentro del servicio público.

Por su parte, Ainhoa Unzu, del PSN, ha reconocido el esfuerzo por reducir la temporalidad, pero ha insistido en que queda un largo camino por recorrer para alcanzar el objetivo del 8%. Además, ha señalado que las nuevas formas de temporalidad surgidas tras la estabilización son preocupantes, ya que el aumento de las excedencias voluntarias ha hecho que muchas plazas no se ocupen de manera estable.

El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que es fundamental extender la normativa sobre las excedencias voluntarias también a las administraciones locales, defendiendo que la exclusión de estas entidades carece de justificación. Araiz también ha rechazado las enmiendas del resto de los grupos por considerarlas contrarias a los objetivos del proyecto.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha respaldado el proyecto, argumentando que representa un intento serio del Gobierno por abordar los problemas estructurales en el empleo público y disminuir el abuso de la temporalidad.

Irene Royo del PPN ha calificado esta medida como un "engaño", sugiriendo que, aunque se plantea la reducción de la temporalidad, en realidad se están socavando los principios de mérito y capacidad que deberían guiar cualquier proceso de selección pública.

Finalmente, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin ha indicado que, aunque el Gobierno ha buscado el consenso, este no se ha alcanzado, lo que ha llevado a su agrupación a interactuar con sindicatos como CCOO y UGT, que también se muestran disconformes con varias medidas del proyecto. Garrido ha presentado enmiendas para fomentar el diálogo social y ha advertido que el manejo de la función pública solo con ciertos sindicatos no será aceptable.

Emilio Jiménez de Vox ha descrito el proyecto como urgentemente presentado y lleno de inconsistencias, sugiriendo que requiere una revisión más profunda antes de considerarse viable. Al final, la parlamentaria no adscrita Maite Nosti ha criticado la propuesta, aseverando que más que una solución real a la temporalidad, lo que se busca es regularizar situaciones de precariedad sin abordar las cuestiones de fondo que afectan al sistema de empleo público en Navarra.