En un desarrollo legal que ha dejado a muchos sorprendidos, la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado el archivo del controvertido 'caso Davalor'. Esta decisión se produce a pesar de los intentos del Ministerio Público y de las acusaciones en forma de apelaciones presentadas por UPN y el Partido Popular, que buscaban revocar la resolución del tribunal.

El origen del archivo se remonta a diciembre de 2023, cuando la juez de instrucción decidió cerrar el caso debido a que había expirado el plazo de un año estipulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la prolongación de investigaciones judiciales sin que se solicitara una prórroga válida.

Entre los involucrados en este caso se encuentra Manu Ayerdi, exconsejero de Desarrollo Económico de Navarra y miembro del PNV, quien fue investigado a raíz de la concesión de 2,6 millones de euros a la empresa Davalor a través de la entidad pública Sodena. Ayerdi dejó su cargo en enero de 2021 a raíz de esta contoversia legal.

En su fallo, la Audiencia de Navarra reafirma la determinación del Juzgado de Instrucción, enfatizando que el cierre del caso fue consecuencia del cumplimiento del plazo de investigación, el cual no se prorrogó debidamente. A pesar de los esfuerzos argumentativos del Ministerio Público y las acusaciones, la falta de solicitude de una prórroga oportuna resultó en la imposibilidad de continuar con la investigación.

En su resolución, el tribunal subraya que la única actividad digna de mención tras la fecha límite de la investigación fue una providencia emitida el 28 de abril de 2023, que incluyó audiencias a los implicados. Sin embargo, esta acción no fue suficiente para justificar la prolongación del plazo inicial de instrucción, ya que no se atendieron diligencias pertinentes en las sucesivas prórrogas solicitadas.

El Tribunal Supremo había intervenido por primera vez en este dossier el 21 de enero de 2021, y el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona recibió el caso el 9 de marzo de ese mismo año. A pesar de la prórroga establecida en febrero de 2022, la falta de una respuesta adecuada en el tiempo indicado condujo al eventual archivo de la causa.

La juez determinó que la cuenta del plazo de 12 meses se iniciaba con la decisión del Tribunal Supremo, lo que llevó al cierre de la investigación en diciembre de 2023. A pesar de los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones políticas, la Audiencia de Navarra ha decidido desestimar todas las apelaciones, reafirmando así la conclusión presentada por el Juzgado de Instrucción.