El pasado 14 de enero en Pamplona, la Fiscalía ha tomado la decisión de investigar a Óscar Téllez, quien ocupa el cargo de responsable de juventud de Vox en Navarra. Esta acción se produce tras un informe emitido por el Gobierno foral, que sugiere que Téllez podría estar implicado en un posible delito de odio.

Begoña Alfaro, actual vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, ha expresado su satisfacción ante esta imputación. La motivación de Alfaro se basa en un informe del Servicio de Atención y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, el cual revela indicios de un posible delito de odio debido a la conducta de Téllez en redes sociales, donde se le acusa de menospreciar y estigmatizar a menores migrantes.

Alfaro ha aclarado que el gobierno no posee la capacidad legal para denunciar estos hechos directamente, sino que ha remitido el informe a la Fiscalía, siendo esta última la encargada de llevar a cabo la denuncia formal. “Confiamos en que el sistema judicial actúe con justicia y castigue a quienes propagan el odio en nuestra comunidad”, aseguró la vicepresidenta.

En contraste, Alfaro ha respetado la decisión de la Fiscalía de archivar el caso del alcalde de Valtierra, Manuel Resa, quien también fue señalado por un posible delito de odio basado en un informe similar presentado por el Gobierno. Sin embargo, ha dejado claro que tanto ella como el Ejecutivo no comprenden ni comparten esta resolución.

La vicepresidenta ha apuntado que las declaraciones de ambos, tanto las de Téllez como las de Resa, son extremadamente parecidas, incluso idénticas. Sin embargo, la Fiscalía optó por archivar el caso del alcalde, mientras que ha encontrado indicios suficientes para avanzar en la investigación del responsable de Vox. Alfaro no dudó en calificar a Resa como “un líder público que utiliza los medios de comunicación de forma impactante” y lo caracterizó como un “dirigente de UPN con un discurso extremista”.

Aunque la decisión de la Fiscalía no puede ser apelada, Alfaro ha mencionado que existe la posibilidad de presentar una denuncia ante el juzgado de instrucción, acción que actualmente se están valorando desde el Gobierno en términos legales.

Finalmente, la vicepresidenta destacó que su administración permanecerá atenta y no permitirá, bajo ninguna circunstancia, los discursos de odio que afectan a la población migrante, sobre todo a los menores, independientemente de la orientación política de quienes los emitan.