MADRID, 26 de noviembre.

La reciente decisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha suscitado atención tras ser designado por el Tribunal Supremo para presentarse ante un juzgado de instrucción en Tafalla, Navarra. Esta medida se debe a la negativa del tribunal a permitir que cumpliera con su obligación de firma quincenal en el juzgado de paz de su localidad natal, Milagro.

Fuentes legales han confirmado que Cerdán comunicó esta designación al Supremo, siguiendo una orden que le requería optar por un juzgado de instrucción para cumplir con la medida cautelar dictada por el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente. Esta medida fue impuesta cuando se autorizó su salida de prisión provisional.

El Supremo, en una resolución registrada, indicó que el juzgado de paz elegido por Cerdán no cumple con el estatus de "tribunal de instancia", tal como lo había estipulado el instructor en su decisión de libertad.

Las autoridades judiciales instaron al ex líder del PSOE a nombrar un juzgado de instrucción, ya que es el único competente para llevar a cabo las comparecencias requeridas según los términos establecidos por el magistrado.

El 19 de noviembre fue la fecha en que Cerdán recuperó la libertad, después de haber pasado más de cuatro meses en prisión bajo sospechas de haber jugado un rol crucial en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación de obras públicas a cambio de sobornos, investigación que está siendo llevada a cabo por el Tribunal Supremo.

A pesar de su liberación, el juez Puente le impuso condiciones cautelares que incluyen la prohibición de abandonar el país y la obligación de firmar cada quince días ante el juzgado, debido a las serias evidencias en su contra.

Cerdán fue detenido el 30 de junio en la prisión de Soto del Real, enfrentándose a graves acusaciones que incluyen pertenencia a una organización criminal y tráfico de influencias. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, solicitaron en repetidas ocasiones su libertad, pero el juez y la Sala de Apelaciones se mostraron reticentes. Recientemente, se había indicado que Cerdán no cumpliría el plazo máximo permitido de seis meses de prisión provisional, que finaliza el 30 de diciembre.

No obstante, el magistrado había dejado claro que, para permitir su liberación, era esencial que los investigadores protegerán las pruebas que pudieran estar en riesgo, medida que, según él, ya habría sido garantizada.

La decisión de Puente de liberar a Cerdán se basó en un informe que le fue entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual contenía detalles sobre las relaciones entre la empresa Acciona y Servinabar, de la que Cerdán posee un 45%. Este informe ha revelado que Servinabar obtenía un 2% de lo que Acciona recibía por las obras públicas y que Cerdán y su familia se beneficiaron de las finanzas de la sociedad navarra mediante el cobro de nóminas, el alquiler de propiedades en Madrid y gastos acumulados en una tarjeta de crédito para diversas compras.