UPN exige a la Administración navarra y al Ayuntamiento de Pamplona mayor implicación económica en la promoción de viviendas en Maristas II, ante la situación de las familias adjudicatarias.
60 hogares en Fitero y Cintruénigo enfrentan desahucios debido a fondos buitre, reflejando la tensión entre mercado y derechos sociales en Navarra.
Navarra busca ampliar vivienda protegida y frenar su venta a fondos de inversión, ante un déficit que afecta a miles de familias.
Navarra incorpora 59 viviendas públicas en Cintruénigo y Cortes mediante colaboración con el sector privado, reforzando el acceso a vivienda social.
La oferta de vivienda protegida en Navarra cubre solo el 3% de la demanda, evidenciando un déficit estructural en la política de vivienda pública.
El Gobierno de Navarra inspecciona 115 viviendas de personas jurídicas para detectar inmuebles deshabitadas y mejorar su uso en la comunidad.
El Gobierno de Navarra lanza 'Alaia', un asistente virtual para consultas de alquiler que mejora la atención digital en un contexto de creciente demanda de soluciones en vivienda.
El Gobierno de Navarra respalda una ley para garantizar la protección indefinida de las viviendas sociales en alquiler, reforzando su función social.
Navarra destina 100.000 euros a impulsar viviendas colaborativas para ampliar opciones asequibles en un contexto de demanda creciente y políticas de sostenibilidad.
Un año después de la declaración de zonas tensionadas, Navarra registra estabilidad y ligera bajada en precios de alquiler, con medidas regulatorias en marcha.