60 hogares en Fitero y Cintruénigo enfrentan desahucios por fondos buitre
60 hogares en Fitero y Cintruénigo enfrentan desahucios debido a fondos buitre, reflejando la tensión entre mercado y derechos sociales en Navarra.
Un total de 60 viviendas en Fitero y Cintruénigo están en riesgo de desahucio, tras años de incertidumbre y cambios en la propiedad. La mayoría son viviendas de protección oficial construidas hace más de dos décadas y gestionadas por fondos de inversión que han alterado su destino.
Estas viviendas, originalmente destinadas a ofrecer vivienda asequible, han pasado por diferentes gestores y fondos, lo que ha generado inseguridad jurídica y social para las familias que las habitan. La situación ha derivado en procedimientos de desahucio en marcha y en un deterioro de las condiciones de las viviendas por falta de mantenimiento.
La movilización vecinal y el trabajo conjunto con el Sindicato de Vivienda han logrado en Cintruénigo frenar algunos desahucios y establecer contratos más estables. Sin embargo, en Fitero, las perspectivas siguen siendo preocupantes, ya que los propietarios se niegan a renovar los alquileres y continúan con los procedimientos judiciales.
Este conflicto refleja un modelo de mercado que prioriza la rentabilidad por encima del derecho a la vivienda. La situación evidencia la necesidad de una intervención pública para garantizar la protección de las familias vulnerables y evitar la especulación inmobiliaria, que pone en riesgo la función social de la vivienda.
Desde el ámbito político, la problemática afecta a decisiones sobre regulación y control de fondos de inversión en el mercado de vivienda. La comunidad autónoma ha expresado su interés en promover medidas que permitan recuperar viviendas del parque protegido y ampliar la vivienda pública, en línea con la exigencia de una política más social y sostenible.
El futuro del parque de viviendas en Navarra podría incluir una mayor regulación y protección social frente a los intereses especulativos, si se implementan medidas urgentes que prioricen el acceso a viviendas dignas. La movilización vecinal y la presión social serán clave para impulsar cambios en las políticas públicas.