El TSJN alerta sobre sanciones por abuso malintencionado de la inteligencia artificial.

En un reciente pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se han puesto de manifiesto las serias repercusiones que pueden derivarse del uso imprudente de la tecnología moderna, en particular de la inteligencia artificial. Este uso indebido no solo podría conllevar sanciones económicas por mala fe procesal, sino que también plantea interrogantes éticos y deontológicos importantes.

El caso en cuestión se centra en una abogada que, al presentar un recurso en octubre de 2025, incluyó una serie de ocho citas de sentencias que resultaron ser ficticias, afectando a altos tribunales como el Constitucional y el Supremo. A pesar de la gravedad de esta irregularidad, el Tribunal ha decidido archivar el procedimiento en su contra gracias a la pronta disculpa ofrecida por la letrada.

Los magistrados subrayan que el uso irresponsable de estas nuevas tecnologías en los procesos judiciales puede constituir claramente un caso de mala fe y abuso del proceso legal. Es un recordatorio de que los profesionales del derecho deben ser extremadamente cautelosos al utilizar herramientas tecnológicas en su práctica.

Aún así, en este caso particular, la Sala decidió no imponer una sanción pecuniaria, justificando su decisión en la rápida reacción de la abogada, quien se disculpó por su error y reconoció públicamente la falta de revisión de su trabajo. Los magistrados consideraron que esta disculpa era suficiente para archivar el expediente sin penalidad.

La historia se remonta a principios de este año, cuando se inició el procedimiento sancionador por la supuesta mala fe procesal de la abogada. Según el Tribunal, la conducta de la letrada no solo faltó a la buena fe procesal, sino que además mostró una falta de respeto hacia los magistrados y comprometió el desempeño del Tribunal al hacerle cargar con la revisión de una irregularidad que no debería haberse presentado en primer lugar.

En respuesta a estos acontecimientos, la abogada se apresuró a presentar escritos, en los que confesó su error y subrayó que su falta fue resultado de una simple falta de revisión, comprometiéndose a no repetir dicha conducta. En estos documentos, además, solicitó que se desestimara el expediente sancionador, argumentando que había aprendido del incidente.

Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, este tipo de comportamientos podrían conllevar multas que varían entre 180 y 6.000 euros, un dato que resalta la seriedad de las malas prácticas judiciales en un mundo donde la tecnología tiene cada vez más presencia.

La Sala enfatiza que el uso de tecnologías avanzadas y de materiales generados por inteligencia artificial en el ámbito judicial requiere un profundo análisis ético y legal, ya que la verificación y validación de documentos siguen siendo responsabilidad de los abogados, quienes deben asegurarse de que su trabajo cumpla con los estándares de precisión y legalidad.