El sector de discapacidad en Navarra exige desbloqueo y mejoras salariales tras tres años de bloqueo

Trabajadores del sector de la discapacidad en Navarra protagonizaron una manifestación en Pamplona para reclamar avances en la negociación de su convenio colectivo. La movilización, que partió desde la Plaza de las Merindades, estuvo centrada en exigir subidas salariales dignas y el desbloqueo de las negociaciones, que llevan paralizadas tres años.

Este sector, que depende en gran medida de financiación pública a través de conciertos con las administraciones, ha enfrentado dificultades para actualizar los salarios debido a la normativa de desindexación y a la falta de acuerdo entre las partes. La propuesta actual contempla incrementos del 2% en 2026 y 2027, cifras que los trabajadores consideran insuficientes frente a la inflación y el coste de vida.

La situación refleja un estancamiento en las negociaciones, en un contexto en el que las administraciones y las patronales no logran ponerse de acuerdo para garantizar mejoras salariales. La inacción tiene implicaciones directas en la calidad de la atención y en la motivación del personal, que lleva años sin incrementos económicos.

Desde los sindicatos, se señala que la responsabilidad recae en las Administraciones públicas y en las patronales, que no han logrado avanzar en la firma de un convenio que contemple condiciones laborales justas y sostenibles. La falta de acuerdo también afecta a otros aspectos laborales, como la jornada laboral y las condiciones de trabajo.

Este conflicto refleja una problemática más amplia en la gestión de los recursos públicos y la atención social en Navarra. La posible inestabilidad política, con cambios de gobierno próximos, añade incertidumbre a la resolución del conflicto y a futuras negociaciones en el sector.

En un contexto de creciente demanda de servicios sociales, la resolución de este conflicto es clave para garantizar la estabilidad y calidad en la atención a personas con discapacidad en Navarra. La expectativa es que las administraciones y las entidades patronales puedan alcanzar un acuerdo en el corto plazo, para evitar que la situación se deteriore aún más.