Aprobados cuatro derribos anticipados en el ámbito del PSIS de Etxabakoitz, incluida la antigua Ikastola Jaso

El Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona ha firmado el convenio que permite derribar de forma anticipada cuatro parcelas dentro del ámbito del PSIS de Etxabakoitz, entre ellas la que ocupaba la antigua Ikastola Jaso. La medida responde a razones de seguridad y prepara el terreno para una de las mayores actuaciones urbanísticas previstas en Pamplona.

El convenio habilita a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra a iniciar la tramitación de las licencias y, después, la licitación de los derribos. El Departamento de Cohesión Territorial adelantará los costes de las actuaciones, incluida la dirección facultativa, y los recuperará cuando comiencen las obras de urbanización.

El contexto es el de la modificación del PSIS de Etxabakoitz, aprobada definitivamente por el Gobierno foral el pasado 21 de octubre. El plan contempla suelo para 11.500 viviendas y la nueva estación de alta velocidad de Pamplona, sobre una superficie de 2,3 millones de metros cuadrados repartida entre Pamplona, Zizur Mayor, Cendea de Cizur y Barañáin.

El proyecto se organiza en dos ámbitos. El primero, delimitado por Barañáin, el río Elorz, el Camino de Santiago y la A-15, integra la nueva estación, el trazado ferroviario renovado, una zona residencial y terciaria y actividad económica. Busca además resolver las carencias de conexión viaria de Barañáin con la Ronda Oste y con las avenidas de Aróstegui y la Autovía del Camino.

El segundo ámbito surge del futuro desmantelamiento del bucle ferroviario y del traslado de la estación actual, situada entre San Jorge y Buztintxuri. La recuperación de ese espacio permitiría desarrollar un nuevo barrio residencial en una zona urbana ya consolidada.

Por otro lado, el Consorcio ha aprobado otro acuerdo de encomienda con el Departamento de Cohesión Territorial para hacer seguimiento de la redacción de los proyectos de urbanización y reparcelación. Son pasos administrativos previos que marcarán los plazos reales de un desarrollo de gran escala, cuya ejecución dependerá de la coordinación entre administraciones y de la capacidad de avanzar en la tramitación técnica.