En la jornada de hoy, desde la formación UPN han puesto en el centro del debate las acciones de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en relación con las irregularidades detectadas en el desarrollo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) gestionadas por Nasuvinsa. Estas irregularidades han sido señaladas por la propia Intervención del Gobierno foral, lo que ha llevado a UPN a demandar responsabilidades claras.

El partido ha manifestado su preocupación por el uso indebido de los fondos públicos, subrayando que la administración de Chivite ha permitido la construcción de estas viviendas a precios que no corresponden a su naturaleza de protección oficial. Desde UPN se considera que esta estrategia representa un engaño y un fraude respecto a la gestión de los recursos del Estado.

Asimismo, UPN ha criticado la gestión de una sociedad pública que, según ellos, ha evidenciado su falta de eficacia, con un despilfarro que ronda los 40 millones de euros y que evade los controles establecidos por la administración. Este uso ineficiente de los recursos, afirman, ha dejado pasar la oportunidad de destinar esos fondos a la edificación de nuevas viviendas, en un contexto donde la demanda de VPO es significativamente alta.

El partido se ha mostrado contundente al señalar que el gobierno de Chivite vuelve a transgredir las leyes que son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, lo que a su juicio refleja un desprecio considerable hacia la ciudadanía. La gravedad de la situación se ve acentuada por las recientes declaraciones de la consejera Begoña Alfaro, quien advirtió a los adjudicatarios de las viviendas de Maristas sobre la posibilidad de negarles la calificación protegida si no se ajustan a los precios estipulados.

Ante esta situación, UPN ha solicitado la comparecencia de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, en el Parlamento de Navarra, exigiendo claridad y respuestas sobre el manejo de las finanzas públicas. Desde la formación se ha recalcado que las pérdidas económicas y la ineficiencia atribuibles a la gestión de Chivite son una carga que deben soportar todos los ciudadanos navarros.