El último informe desde Pamplona revela que la situación de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial en el proyecto de Maristas es alarmante. UPN ha elevado un urgente llamado al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona para que se presente una "solución" que garantice la pronta disponibilidad de estas viviendas, ya que actualmente los interesados se sienten "abandonados a su suerte" frente a un retraso que no solo es notable, sino que en realidad se ha traducido en la falta total de inicio de los trabajos de construcción.

En una reciente rueda de prensa, Juan José Echeverría, portavoz municipal de UPN en el área de vivienda, junto con Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz parlamentario de vivienda, manifestaron su preocupación sobre este desamparo. Sánchez de Muniáin enfatizó la urgencia de iniciar la construcción para que los adjudicatarios tengan acceso a sus viviendas en el menor tiempo posible y adelantó la intención de pedir una comparecencia inmediata de la consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, así como del concejal correspondiente en el Ayuntamiento, para que ofrezcan explicaciones claras al respecto.

El proyecto inicial contemplaba la construcción de 58 viviendas libres y 108 protegidas en el terreno de Maristas. A pesar de que las viviendas libres avanzan a pasos agigantados y pronto podría concluirse su obra, las protegidas permanecen en un limbo total, sin haber comenzado la construcción, hecho que Muniáin atribuye a una grave negligencia por parte de las autoridades competentes, quienes no han realizado seguimiento ni actuado de manera efectiva para iniciar las obras, siendo su responsabilidad.

Muniáin claramente expresó su frustración, criticando a ambas administraciones por su desinterés en un tema tan crucial como es el de la vivienda. La incertidumbre que enfrentan los 108 adjudicatarios es palpable, ya que no cuentan con ninguna información clara sobre cuándo o si se iniciarán las obras, lo que ha creado un clima de ansiedad y desconfianza entre las familias que han sido seleccionadas para recibir estas viviendas.

Además, el proyecto establece en sus normas que no se podrán otorgar licencias para viviendas libres hasta que las protegidas estén en marcha, algo que es prácticamente inviable dado el estado del proyecto en la actualidad. Con el tiempo en su contra, la falta de cumplimiento de esta condición genera aún más complicaciones en la gestión del desarrollo urbanístico.

La exigencia por parte de UPN es clara: tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona deben actuar de manera inmediata para dar certezas a los adquirentes de viviendas. Es inadmisible que 108 personas se encuentren en tal estado de desfase, sin ninguna garantía de que sus viviendas sean construidas.

Echeverría también recordó que, pese a que las licencias fueron concedidas bajo su gestión, ya ha pasado más de un año y no hay indicios de que las obras vayan a comenzar pronto. La falta de respuesta y transparencia por parte de la administración ha sido abrumadora, lo que ha llevado a que UPN levantara la voz en diversas comisiones sin obtener la información necesaria, incluso siendo tomadas sus preocupaciones con ligereza, lo que resulta insultante para quienes dependen de estas viviendas.

La situación se complica aún más para aquellas 108 familias, que en este contexto no solo están en el aire, sino que además han sido excluidas de la lista cívica, lo que les cierra las puertas a posibles propuestas de vivienda protegida en el futuro. Esto ha llevado a un diagnóstico compartido de grave inacción por parte de las administraciones, que parecen desentenderse de un asunto que afecta directamente a la vida y bienestar de ciudadanos comunes.

Con respecto a la posibilidad de que la entrega de las viviendas libres queda bloqueada hasta que se resuelva el tema de las protegidas, Muniáin destacó que no sería lógico que se paralizase la entrega ante la inacción de la administración, pero urgió a encontrar una solución que asegure el inicio y desarrollo de la construcción de las viviendas protegidas, pues de lo contrario sería una estafa para miles de personas que confían en que se cumplan los compromisos establecidos desde un principio.

La conclusión es clara: la responsabilidad recae sobre los líderes del Gobierno y del Ayuntamiento, quienes deben asumir su papel y actuar de manera efectiva para desbloquear esta situación, garantizando en primer lugar el cumplimiento de la normativa y, en segundo lugar, la atención y el apoyo a los ciudadanos que se ven atrapados en este laberinto administrativo.