UPN cuestiona pago de 8,5 millones en obras del túnel de Belate sin aval jurídico

El Gobierno de Navarra podría haber acordado pagar 8,5 millones de euros a las empresas constructoras del túnel de Belate, pese a que la Intervención General y la Asesoría Jurídica no lo respaldan. La firma de la resolución por parte de la directora general de Transportes ha generado sospechas de una posible decisión política que beneficia a las empresas adjudicatarias.

Este incidente se enmarca en un contexto de controversia sobre la gestión administrativa y jurídica de un proyecto que ya está ejecutado en un 52%. La obra ha sido objeto de reparos por parte de los órganos de control, quienes advierten que no hay informes técnicos ni jurídicos que justifiquen la continuidad del pago en las condiciones actuales.

Las implicaciones políticas son significativas, pues UPN denuncia que la firma de la resolución podría haber sido una decisión política para favorecer a las empresas, con posibles responsabilidades en la firma y en la orden dada. La tensión refleja la desconfianza en la gestión del Ejecutivo y en la transparencia de las decisiones relacionadas con fondos públicos.

Desde el Gobierno de Navarra, el consejero Óscar Chivite sostiene que ninguna cantidad se pagará sin respaldo jurídico y que la obra continúa según lo previsto. Afirma que el proceso ha sido correcto y que la continuidad de los trabajos busca evitar daños mayores al interés público. La disputa se centra en quién tomó la decisión final y si hubo un pacto previo con las empresas implicadas.

El debate revela una problemática mayor en la gestión de obras públicas en Navarra y la necesidad de mayor transparencia en decisiones que afectan directamente a las finanzas públicas. La polémica podría tener repercusiones en futuras contrataciones y en la percepción pública del control administrativo y político en la comunidad.

En el contexto político actual, la controversia en torno al túnel de Belate refleja tensiones entre los diferentes actores institucionales y partidos políticos. La resolución de esta disputa será clave para definir la confianza en la gestión de fondos públicos y en la integridad de los procesos administrativos en Navarra.