PAMPLONA, 7 de agosto. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha decidido llevar a cabo acciones legales contra la Orden foral emitida por el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra. La organización sostiene que esta normativa contraviene el derecho fundamental al trabajo, consagrado en el artículo 35 de la Constitución Española, especialmente en un sector tan vital como el agrícola.

El pasado martes 5 de agosto, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, firmó una Orden foral que establece una prohibición temporal de actividades agrícolas y forestales en terrenos no urbanizables. Estas restricciones afectan a cualquier operación que implique el uso del fuego o maquinaria capaz de generar incendios, un movimiento que ha generado un gran revuelo en el sector.

Ángel Remírez, responsable jurídico de UAGN, ha declarado que la organización se ve obligada a actuar judicialmente, argumentando que la limitación de actividades agrícolas sólo puede llevarse a cabo a través de procedimientos excepcionales establecidos en la Constitución, como el estado de sitio o alarma.

Félix Bariáin, presidente de UAGN, cuestionó la validez de la Orden foral al señalar que no permite la activación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por fuerza mayor, lo que deja a las empresas agrícolas con la carga de los costes laborales. “¿El Gobierno de Navarra asumirá los salarios de los trabajadores mientras estamos imposibilitados de trabajar?”, se preguntó con preocupación.

UAGN también ha argumentado que el Plan de Incendios que sustentaría esta normativa no debería aplicarse a actividades legítimas vinculadas al trabajo agrícola o ganadero. Remírez aclaró que aunque se pueden considerar actividades complementarias, la normativa no debería interferir en el ejercicio del derecho al trabajo protegido por la ley.

Bariáin fue contundente al afirmar que es un error grave cerrar un sector sin justificación suficiente. Destacó que las consecuencias económicas de detener la actividad agrícola superan con creces cualquier costo asociado a un incendio que afecte a terrenos ya cosechados. “Esta medida ha sido desproporcionada y no se puede permitir”, remarcó.

Finalmente, Bariáin sugirió que hay una intención política detrás de esta medida, indicando que podría ser un intento de desviar la atención de otros asuntos en el Parlamento. “Es inaceptable lo que está sucediendo y creemos firmemente que la consejera de Interior debería dimitir por su actuación”, concluyó, reafirmando la postura de UAGN ante esta situación.