PAMPLONA, 21 de octubre.

La juez del Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona ha dictado una sentencia condenatoria de 2 años y 10 meses de prisión contra un individuo que, durante dieciséis años de matrimonio, maltrató, insultó y amenazó a su esposa en una localidad de la Ribera de Navarra.

El mencionado veredicto ha sido apelado por el acusado ante la Audiencia Provincial. De acuerdo con la sentencia, no podrá acercarse a menos de 100 metros de la denunciante ni comunicarse con ella durante un periodo de siete años.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la pareja, que inició su relación en 2002, se casó al año siguiente. Sin embargo, su relación culminó en una separación en 2019, y el proceso de divorcio fue finalizado en enero de 2020.

Las evidencias presentadas en el juicio indican que el encausado sometió a su pareja a un ambiente de agresión física, verbal y psicológica, con el único objetivo de imponer su dominio y desprecio hacia ella. Este comportamiento desmedido dificultó su desarrollo personal, creando una situación de sometimiento constante que dejó a la víctima en un estado de temor e humillación permanente.

La conducta del acusado fue descrita como "amenazante e intimidante". Utilizaba métodos violentos como empujones, gritos y la destrucción de objetos. En un incidente específico, se acercó a su esposa en la cocina y le expresó que había "despertado con ganas de matarla", además de realizar comentarios como que le vertería cemento en los pies y la arrojaría al Ebro, o que acabar con su vida le costaría solo 25 euros si ella lo denunciaba.

Consta en el fallo judicial que frecuentemente insultaba a su esposa, utilizando expresiones despectivas y humillantes, deseándole incluso enfermedades graves como el cáncer. Este patrón de abuso verbal tenía como efecto la anulación de la autoestima de la víctima, quien se veía atrapada en un ciclo de menosprecio y desvalorización.

Muchas de estas agresiones y tratos degradantes se producían dentro del hogar familiar y delante de los hijos, lo que añade un nivel de gravedad a los hechos reconocidos. La víctima decidió no solicitar ninguna indemnización económica en virtud de la responsabilidad civil.

La condena impuesta por la magistrada comprende: 2 años de prisión por el delito de maltrato habitual, 10 meses por amenazas, 30 días de trabajos comunitarios por injurias y vejaciones, y 56 días de trabajos comunitarios por cada uno de los dos delitos de maltrato en conjunción. A pesar de las acusaciones, el juez absolvió al acusado de maltrato habitual en relación a dos de sus hijos.

Durante el juicio, realizado el 9 de junio, la defensa del acusado solicitó su absolución, intentando cuestionar la credibilidad de la denunciante al insinuar motivos económicos y un interés en trasladar a los niños a otra localidad.

La magistrada observó que, aunque existieron conflictos entre las partes, estos no son suficientes para poner en duda la veracidad de la denuncia ni la sinceridad de la testimonio de la víctima. Resaltó que la denunciante no buscaba beneficios económicos y que su decisión de denunciar estaba relacionada con las graves amenazas sufridas anteriormente.

El relato de la víctima fue considerado consistente a lo largo del proceso, manteniendo una narrativa coherente en cada etapa. Además, la juez valoró la declaración de una testigo que atestiguó el clima de "agresión constante" que sufría su amiga, mencionando que los gritos y los insultos eran comunes.

Por último, el testimonio de uno de los hijos, a pesar de su reticencia a colaborar, confirma el ambiente hostil entre sus padres, proporcionando un respaldo adicional a la gravedad de los hechos denunciados.