Qué hay detrás de la nueva ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional en Navarra

El Parlamento de Navarra aprobó este jueves la ley foral de Juventud y Justicia Intergeneracional con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y en contra de UPN, PP y Vox. La norma establece un nuevo marco para las políticas públicas dirigidas a personas de entre 14 y 30 años.

El texto busca favorecer la igualdad de oportunidades, la autonomía y el ejercicio efectivo de los derechos de los jóvenes. Para ello, refuerza la participación juvenil a través del Foro de la Juventud de Navarra, las consultas, las mesas jóvenes y los presupuestos participativos.

La ley también delimita las competencias de la Administración foral y de las entidades locales. Además, introduce medidas de apoyo al asociacionismo, al voluntariado y a los servicios de información y asesoramiento juvenil.

Uno de los elementos más destacados es la incorporación de la justicia intergeneracional como principio transversal. Según el texto, las decisiones actuales no deberían comprometer los derechos ni las oportunidades de las generaciones futuras. La norma abarca empleo, educación, vivienda, salud mental, igualdad, discapacidad, cultura, deporte, medio ambiente y medio rural.

El debate parlamentario dejó clara la división política. Desde UPN, Ángel Ansa cuestionó la utilidad de la norma, a la que atribuye carencias técnicas señaladas en un informe del propio Gobierno foral y la ausencia de compromiso presupuestario. Desde el PSN, Úrsula Pardo la presentó como un cumplimiento del acuerdo programático de la legislatura. Por su parte, Geroa Bai subrayó que se trata de la primera ley de juventud del Estado que incorpora explícitamente la justicia intergeneracional, y que reconoce a grupos juveniles sin personalidad jurídica como interlocutores válidos.

El origen de la norma también plantea una cuestión de fondo: si el consenso que tuvo la ley de 2011 podrá mantenerse en el futuro. Aquella norma fue aprobada por unanimidad, mientras que esta cuenta con el rechazo de los principales partidos de la oposición. Su aplicación dependerá ahora de la dotación presupuestaria y del compromiso de los distintos departamentos del Gobierno, aspectos que, según los críticos, todavía no están garantizados.