PAMPLONA, 18 de agosto.

La Audiencia de Navarra ha decidido que un octogenario, procesado por la muerte de su esposa en Zizur Mayor, cumpla su prisión provisional en el domicilio que sus hijos elijan, quienes serán responsables de su supervisión y cuidado. Esta medida se adopta tras el encarcelamiento del hombre, que ocurrió el 30 de julio pasado.

De acuerdo con la resolución emitida, que no admite apelación, el seguimiento de su libertad en casa se llevará a cabo a través de un dispositivo electrónico de control.

El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona había decidido inicialmente la prisión provisional del acusado, sin opción a fianza, argumentando el riesgo de fuga debido a las severas penas que podría enfrentar por un posible delito de asesinato, así como la posibilidad de que intentara ocultar o destruir pruebas vitales.

La defensa del encausado había impugnado esta prisión preventiva, solicitando que se declarara nula la resolución judicial por falta de motivación adecuada. Propuso también que se le concediera la libertad bajo vigilancia. Por su parte, la fiscalía se opuso a este recurso, pidiendo que se mantuviera la decisión judicial.

En un reciente fallo, la Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado la nulidad, argumentando que no existen razones suficientes para dicha revocación. Los magistrados han afirmado que, aunque puede haber discrepancias respecto a la decisión del juez instructor, esta no tiene defectos en su razonamiento.

Asimismo, han indicado que, una vez que se han entregado las llaves del hogar a la hija del matrimonio, el riesgo de destrucción de pruebas ya no existe, ya que todas las pruebas esenciales han sido recopiladas previamente por la Guardia Civil.

En relación al riesgo de fuga, la Audiencia considera que es una premisa "especulativa" respecto a una persona de 85 años. Este argumento es clave ya que refuerza la decisión de permitir el cumplimiento de la prisión en el hogar familiar.

Adicionalmente, la decisión se fundamenta en un informe neurológico realizado el 6 de agosto, que destaca un deterioro cognitivo significativo del acusado, evidenciado al menos desde marzo de este año. Según el especialista, este deterioro lo hace vulnerable y incapaz de asumir decisiones por sí mismo, lo que justifica su necesidad de protección integral.

Finalmente, los magistrados han señalado que en esta fase del proceso no se puede juzgar si la causa de la muerte fue un asesinato o un accidente. Ellos explican que la verdad definitiva solo se podrá alcanzar una vez se analicen las pruebas toxicológicas y otros objetos que el acusado desechó en un contenedor cerca de su residencia.