La concejala de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, María Caballero, ha denunciado públicamente que el equipo de Gobierno municipal ha firmado un convenio con el Gobierno de Navarra que implicaría que la ciudad recibirá un millón de euros menos al año, dejando de lado la financiación que le corresponde por los servicios sociales que presta.

Este acuerdo ha levantado controversia y ha generado críticas hacia el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, a quien se acusa de no velar por los intereses municipales y de no defender a los ciudadanos de Pamplona.

Según Caballero, el convenio en cuestión se refiere a la Ley Foral 15/2006, que establece que la financiación de los servicios sociales debe regularse a través de un convenio firmado con el Gobierno de Navarra. A pesar de la claridad de la normativa al respecto, el Ejecutivo foral ha negado repetidamente la firma de dicho convenio.

Ante esta situación, Caballero y otros miembros del Ayuntamiento decidieron presentar una solicitud formal de firma en mayo de 2023, seguido de un recurso contencioso administrativo al no obtener una respuesta positiva. Sin embargo, la concejala ha criticado que Mauleón haya renunciado al recurso sin esperar su resolución, llegando incluso a firmar un convenio que no cumple con los requisitos técnicos y jurídicos necesarios.

En opinión de Caballero, la actitud de Mauleón demuestra una falta de responsabilidad y transparencia, favoreciendo las pretensiones del Gobierno de Navarra a expensas de los ciudadanos de Pamplona. La falta de explicaciones y el hecho de que Mauleón haya sido parte de las negociaciones previas desde el Gobierno central generan sospechas sobre sus motivaciones.

Caballero ha solicitado la firma de un nuevo convenio que incluya la financiación del Servicio de Atención a la Mujer y de los equipos de infancia, argumentando que el Ayuntamiento ha aceptado una cantidad significativamente menor a la requerida para cubrir estos servicios esenciales.

En resumen, Caballero ha advertido que esta decisión de Mauleón podría llevar al ayuntamiento a una situación de desigualdad permanente, percibiéndose como una movida política más que una decisión basada en análisis técnico. La polémica queda abierta y las consecuencias de este convenio preocupan a la comunidad de Pamplona.