En PAMPLONA, el 28 de noviembre, el Gobierno de Navarra ha decidido cumplir con el reparo suspensivo relacionado con la modificación del proyecto de duplicación de los túneles de Belate. Este reparo fue impuesto por la Intervención General y la administración foral ha informado que está desarrollando "opciones legales que permitan la continuación de las obras en beneficio del interés público".

Esta decisión fue comunicada durante una reunión matutina con la Unión Temporal de Empresas (UTE) y refleja un compromiso por seguir el proceso de forma rigurosa. Como resultado, el régimen de reparo suspendido no será revisado por el Gobierno, lo que significa que se respetará el procedimiento garantista establecido.

Durante el encuentro del viernes en el departamento de Cohesión Territorial, la Dirección de Obras Públicas dejó claro a las empresas involucradas que están comprometidos a avanzar con las obras. Además, se ha asegurado que se pagarán en diciembre las certificaciones pendientes, siempre en línea con las indicaciones de la Intervención General, lo que implica que cualquier modificación que haya sido rechazada se abonará al precio original del proyecto. En esta línea, se ha enfatizado la importancia de adherirse a las normativas europeas de seguridad, que son consideradas prioritarias para el Gobierno navarro.

Desde el Ejecutivo foral se ha indicado que hoy culmina el plazo legal para la aprobación de la modificación número 1 de los túneles de Belate, una modificación que ha sido requerida debido a “cuestiones técnicas relacionadas con la morfología del terreno y el volumen de agua que emerge de la montaña”, entre otros factores.

La Intervención General ha justificado su reparo en el cuestionamiento de tres de las quince unidades que componen la modificación, específicamente el polvorín, y dos adicionales relacionadas con la excavación y el sostenimiento. Estas tres unidades representan el 69,71% del aumento propuesto, un total de 5,3 millones de un total de 7,6 millones.

El fundamento del reparo se asienta en la Ley Foral de Contratos Públicos, particularmente en el artículo 114, así como en la normativa del Consejo de Navarra y del Consejo de Estado, que asegura el cumplimiento de los procedimientos necesarios en estos expedientes.