En una reciente reunión llevada a cabo el jueves, el Gobierno de Navarra ha dado luz verde a la aprobación de dos importantes subvenciones que suman un total de 3.058.045,95 euros, destinadas a fomentar la construcción de 57 viviendas de protección de alquiler. Estas iniciativas se desarrollarán en el barrio de Buztintxuri en Pamplona y en el atractivo centro histórico de Tudela.

Concretamente, se ha aprobado un compromiso de gasto plurianual de 1.633.411,84 euros, que permitirá a la empresa Adania Residencial, S.L. acceder a una subvención para la promoción de 33 viviendas de protección oficial (VPO) en Buztintxuri. Estas viviendas ocuparán una superficie total útil de 2.381,26 metros cuadrados, con un costo máximo de venta que se sitúa en 4.666.890,98 euros. Se espera que los pagos, que suman 816.705,92 euros, se distribuyan en los años 2025 y 2027, coincidiendo con la finalización y calificación de este proyecto habitacional.

Asimismo, el Gobierno de Navarra ha autorizado otra subvención por un monto de 1.424.634,11 euros que beneficiará a la sociedad pública Nasuvinsa para la creación de 24 viviendas en el centro de Tudela. Estas unidades residenciales se enmarcan dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) y estarán situadas en el área conocida como Horno de Coscolín. En conjunto, estas viviendas suman una superficie de 1.729,52 metros cuadrados, según comunicó oficialmente el Ejecutivo foral.

Ambos proyectos son parte de una serie de iniciativas promovidas por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de vivienda protegida en la Comunidad foral. Las subvenciones que respaldan estas iniciativas están en consonancia con la Ley Foral 10/2010 sobre el Derecho a la Vivienda en Navarra, que, a través de su Disposición Adicional Decimosexta, establece líneas de apoyo para la ciudadanía en este ámbito. Así, se prevén subvenciones del 35% del precio de venta máximo para promotores de VPO en régimen de alquiler, intentando así beneficiar a grupos específicos, como personas mayores de 60 años o con discapacidad, siempre y cuando se garantice un periodo de protección de 30 años para las viviendas ofrecidas.