En un reciente anuncio que tiene importantes repercusiones, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha revelado la identificación de 21 municipios en la Comunidad Foral que iniciarán el procedimiento para ser declarados como Zonas de Mercado Residencial Tensionado. Esta medida afecta al 68,3% de la población de Navarra, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar la escalada de precios en el sector inmobiliario.

Durante una rueda de prensa celebrada en compañía de la directora general de Vivienda, Elga Molina, Alfaro explicó que el anuncio de este lunes se refiere 'exclusivamente' a las localidades que se encuentran en la fase de consideración para la declaración de mercado tensionado. Este procedimiento comienza formalmente hoy, aunque los trámites administrativos que lo acompañarán no se llevarán a cabo hasta enero de 2025, momento en el cual se realizará la declaración inicial y se abrirá un periodo de exposición pública.

Alfaro subrayó que no se ha realizado una declaración formal en este punto, sino que se hace un anuncio preliminar de las zonas en las que se comenzará a trabajar. Los municipios involucrados son Pamplona, Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Aranguren, Berriozar, Ansoain, Villava, Noáin - Valle de Elorz, Huarte, Berrioplano, Tudela, Corella, Cintruénigo, Estella, Tafalla, Baztan, Alsasua, San Adrián y Peralta. Juntos, estos municipios representan un total de 459.088 habitantes, según el último padrón oficial de enero de 2023, lo que refleja el magnitud del problema en la región.

Ante esta situación, la vicepresidenta Alfaro defendió que es esencial que las administraciones públicas empleen todas las herramientas a su disposición para combatir la creciente y desbordante alza de los precios de la vivienda, que ha dejado a muchas familias sin opciones asequibles en el mercado.

En sus declaraciones, Alfaro hizo hincapié en el análisis de datos que se ha llevado a cabo, así como en la verificación de diversas fuentes estadísticas. Esto es parte del cumplimiento de uno de los cuatro requisitos exigidos por la normativa vigente: la evolución de los precios, tanto en compra como en alquiler, debe superar al IPC más tres puntos en los últimos cinco años o bien el esfuerzo financiero de las familias debe ser superior al 30% de su renta media.

Los datos han sido obtenidos de estadísticas del Colegio de Registradores de España, el Instituto Navarro de Estadística (Nastat), Hacienda Foral Navarra y el Registro de Alquileres del Gobierno foral. Los resultados muestran que en nueve municipios se han cumplido dos de los requisitos señalados, en diez se ha cumplido el requisito correspondiente al alquiler, y en dos más se ha observado un aumento en los precios de compra, todo ello plasmado en el Informe Preliminar de Zonas de Mercado Tensionado del Gobierno de Navarra.

La directora general de Vivienda, Elga Molina, detalló que en los próximos meses se empezará a contactar con otros departamentos del Gobierno de Navarra, así como con los ayuntamientos involucrados y otros actores interesados en el proceso. Además, se elaborará una memoria y un plan de acciones generales que marcarán las directrices que se seguirán tras la declaración oficial.

En enero se abrirá el proceso administrativo formal, que incluirá un periodo de exposición pública de dos meses para recibir alegaciones respecto a la declaración propuesta. Será en este momento que se emitirá la orden foral que hará oficial la declaración de estas zonas, para posteriormente comunicarlo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que proporcionará el índice necesario para fijar un tope a los precios de alquiler en estas áreas definidas como tensionadas.

Finalmente, después de toda la tramitación administrativa correspondiente, se establecerá un plazo de seis meses para la elaboración de un Plan de Medidas Específico, en colaboración con los municipios afectados. Alfaro enfatizó que este es un paso crucial, pues esta declaración debe ser vista como una oportunidad para los municipios preocupados por la creciente crisis de precios en el sector de la vivienda.

En un enfoque que busca la máxima transparencia, Molina aseguró que se mantendrá informado al Ministerio y se evitarán los problemas derivados de la implementación de políticas en otras regiones, como Cataluña. Se aspira a evitar la discordia y asegurar que cualquier resolución sea coetánea y consistente a lo largo del proceso.