PAMPLONA, 12 de noviembre.

El Gobierno de Navarra está trabajando en la implementación de un registro destinado a los grupos de interés, conocidos comúnmente como 'lobbies'. Esta medida tiene como objetivo primario promover la transparencia en las interacciones entre las autoridades y aquellas entidades que buscan influir en la creación de normas y políticas públicas.

Dicha iniciativa forma parte de un conjunto de reformas que el Ejecutivo foral ha estado desarrollando para fortalecer la gobernanza democrática y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, tal y como se ha detallado en un comunicado por la administración regional.

El establecimiento de este registro es uno de los aspectos más significativos del anteproyecto de ley que modifica la normativa foral 5/2018, sobre Transparencia y Buen Gobierno, que recibió luz verde en la última reunión del gobierno. El texto será enviado al Parlamento de Navarra para su análisis y aprobación final, según informó el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, en una rueda de prensa.

Taberna subrayó que esta reforma se enmarca en un amplio plan que abarca seis áreas de actuación, todas dirigidas a potenciar la participación de los ciudadanos, aumentar la transparencia y asegurar la rendición de cuentas, en consonancia con el Plan de Acción para la Democracia de la Comisión Europea.

Este plan incluye diversas acciones para incentivar que los ciudadanos se involucren en los procesos democráticos, junto a la creación de redes y consejos que faciliten dicha participación. Asimismo, se busca mejorar la transparencia mediante la nueva ley y facilitar el acceso a la información pública, junto a establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas y auditorías ciudadanas. Además, se prevén programas para combatir la desinformación y fomentar la ética en el ámbito público, incluyendo iniciativas de alfabetización mediática y cooperación con organismos europeos.

Finalmente, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) será la encargada de gestionar el nuevo registro de grupos de interés, que se aplicará a las tres instituciones forales establecidas por la Ley Orgánica de 1982. La OANA desarrollará la regulación de este registro en colaboración con el Gobierno, que lo ratificará mediante un decreto foral.

El vicepresidente Taberna enfatizó que el objetivo es que la transparencia se convierta en un principio rector de la administración, estableciendo una 'casa de cristal' capaz de recuperar la confianza ciudadana y promover su involucramiento en los asuntos públicos, al tiempo que se crean barreras contra la corrupción. Esta reforma integra la mayor parte de las sugerencias del Consejo Navarro de Transparencia, que han sido sometidas a consulta pública.

Aunque la ley de 2018 ya estipulaba la creación de un registro de grupos de interés, Taberna aclaró que había una confusión en torno a su gestión, debido a la coexistencia con la ley de la Oficina Anticorrupción. Ahora, la nueva ley clarifica que la responsabilidad recae sobre la OANA.

El vicepresidente también sugirió que el Parlamento de Navarra debería establecer su propia agenda pública institucional, similar a la que sigue el Gobierno, para mejorar la transparencia. Además, sostuvo que los miembros del Gobierno sí cumplen con su agenda pública, aunque admitió que siempre hay espacio para mejorar.

La ley de Transparencia identifica como grupos de interés a aquellos que buscan influir en los procesos normativos a través de acciones directas o indirectas, así como a aquellas plataformas colectivas que, aunque no tengan personalidad jurídica, ejercen una influencia significativa en el ámbito político.

La inscripción en el registro será obligatoria para todas las entidades y particulares que deseen establecer relaciones con las instituciones, con el objetivo de identificar y supervisar sus actividades. Este registro dará visibilidad a diversos actos, como reuniones y comunicaciones mantenidas con funcionarios públicos.

La OANA se suma a la lista de entidades que ya estaban sujetas a esta normativa, como el Gobierno, el Parlamento y otros organismos, con el fin de asegurar un control más riguroso sobre la información pública.

Por último, se prevén cambios significativos para potenciar el rol del Consejo de Transparencia, garantizando su independencia y capacidad de respuesta, mediante ajustes en su composición. Se propone eliminar a los representantes políticos del Consejo y reemplazarlos por miembros de carácter técnico.

Esto significa que el Consejo de Transparencia pasaría a estar formado por un presidente y siete vocales técnicos, provenientes de diversas instituciones relacionadas con la transparencia en Navarra.

En cuanto a la presidencia del Consejo, se establecerá un mandato de seis años, sin posibilidad de reelección, y el presidente no podrá estar vinculado a partidos políticos al momento de su designación.

Además, se permitirá a los miembros del Consejo percibir compensaciones por su trabajo en la resolución de reclamaciones y se podrá determinar un salario anual para el presidente y el secretario del Consejo.