PAMPLONA, 15 de abril.

Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de Navarra (BON) hacen pública la reciente aprobación del Real Decreto por parte del Consejo de Ministros el pasado 8 de abril. Este decreto amplía las atribuciones que anteriormente se habían transferido a la Comunidad Foral de Navarra relativas al tráfico y la circulación de vehículos a motor, según se detalla en el texto oficial.

El Gobierno foral ha destacado, mediante un comunicado, que este avance representa un paso significativo en el autogobierno de Navarra, permitiéndole asumir plenas funciones en materia de tráfico. Con este decreto, Navarra se convierte en la tercera comunidad autónoma, después de Cataluña y el País Vasco, en gestionar de manera exclusiva la vigilancia y control de sus carreteras, así como la administración de las sanciones correspondientes.

Félix Taberna, vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, subrayó la importancia de este decreto al afirmar que Navarra ya tiene competencias completas y exclusivas en el ámbito del tráfico.

“Hace casi un siglo se estableció el cuerpo de la Policía Foral de tráfico, que fue despojado de parte de sus competencias durante la dictadura franquista. Hoy, estamos restaurando esa competencia exclusiva y avanzando en nuestro autogobierno. Buscamos una Policía Foral que abarque la totalidad de servicios para la ciudadanía navarra”, afirmó Taberna.

El acuerdo alcanzado en la reciente comisión mixta de la Junta de Transferencias, que tuvo lugar el 25 de marzo en Madrid, establece que el despliegue de los agentes de la Policía Foral para el control de tráfico se realizará de manera gradual en un plazo máximo de tres años. Al finalizar este periodo, la Policía Foral se encargará de manera definitiva de la vigilancia y control de carreteras.

Durante el tiempo necesario para completar este despliegue, la Guardia Civil seguirá colaborando, en coordinación con la Policía Foral, en las funciones de vigilancia y control del tráfico en las vías interurbanas y en los tramos donde no haya policía local disponible.

En lo que respecta a la gestión de sanciones, la responsabilidad de tramitación, resolución y recaudación recaerá en la Administración del Estado desde el momento de entrada en vigor del traspaso hasta el 30 de junio de 2026, independientemente de quién emita la denuncia. A partir del 1 de julio de 2026, será Navarra la encargada de gestionar todos los expedientes sancionadores.