PAMPLONA, 25 de septiembre. En una reciente sesión plenaria, Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, ha hecho hincapié en los resultados del informe Odismet, elaborado por la Fundación ONCE, que analiza la situación laboral de las personas con discapacidad en España. Maeztu ha resaltado que Navarra se posiciona como la séptima comunidad autónoma en términos de tasa de actividad para este colectivo, un dato que considera relevante para la región.

La respuesta de Unión del Pueblo Navarro (UPN) no se ha hecho esperar, criticando a la consejera por su autocomplacencia, dado que considera que estar en la mitad de la tabla no es un motivo para sentirse orgullosa. UPN ha calificado la actitud de Maeztu como un reflejo de "poca ambición" en un tema tan crucial.

Durante el debate, la consejera reconoció que aún queda mucho por hacer en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero también defendió la necesidad de interpretar los datos con perspectiva. Maeztu explicó que existen diversas iniciativas normativas para aumentar la empleabilidad de este grupo, destacando la importancia de los centros especiales de empleo que operan en Navarra.

La consejera subrayó la relevancia de los 17 centros de empleo existentes en la comunidad, financiados por el gobierno con más de 16 millones de euros anuales y que brindan trabajo a alrededor de 2,000 personas, de las cuales casi 750 son mujeres. Maeztu también indicó que el número de empleos en estos centros se ha incrementado en un 20% desde 2017 y que el presupuesto para mantener estas entidades se ha duplicado desde 2016.

Otra de las estrategias mencionadas por Maeztu se refiere a la reserva del 7% de las plazas en el empleo público para personas con discapacidad. Aseguró que se están realizando esfuerzos para mejorar esta reserva y que su departamento cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a la valoración y orientación laboral para este colectivo, una actividad que, según afirmó, ha crecido un 43% en los últimos cinco años.

La consejera también resaltó que la normativa establece que las empresas con más de 50 trabajadores deben reservar un 2% de sus puestos para personas con discapacidad, aunque reconoció que muchas empresas enfrentan barreras como el miedo o la falta de conocimiento al contratar a estas personas.

Como parte de una solución a este problema, el Departamento ha lanzado este año una campaña informativa en colaboración con Cermin y la Confederación Empresarial de Navarra, con el objetivo de sensibilizar a los empleadores sobre las herramientas y ayudas disponibles. Maeztu afirmó que hay un "plan de empleo" claro y consensuado, aunque advirtió que aún hay camino por recorrer y no comparte una visión pesimista sobre la situación actual.

Desde el Partido Popular de Navarra (PPN), Maribel García Malo enfatizó que hay más de 36,000 personas con un grado de discapacidad de al menos el 33% en la comunidad. Aunque se han documentado algunos avances, destacó que la inclusión laboral sigue siendo un "desafío pendiente". Anunció que el PPN presentará una moción para desarrollar una estrategia de empleo dedicada a la discapacidad, con objetivos claros y ambiciosos.

La representante de UPN, Marta Álvarez, expresó su preocupación por la supuesta autocomplacencia de la consejera y sugirió que su alegría por la posición de Navarra es desproporcionada, resaltando que la comunidad se encuentra en medio de la tabla y que no se ha proporcionado un contexto adecuado comparativo con años anteriores. UPN también tiene previsto presentar su propia moción sobre el tema.

Por su parte, Arantza Biurrun del PSN, contraargumentó las críticas de UPN, manifestando que la inserción laboral de las 36,317 personas con discapacidad es una prioridad en la agenda política del Gobierno de Navarra. Mientras reconoció que hay obstáculos que superar, destacó el compromiso de su partido y del gobierno con esta causa.

Txomin González de EH Bildu también hizo eco de la necesidad de mejorar la situación, reconociendo progresos, pero advirtiendo que persisten incumplimientos. Destacó que Navarra, aunque con ciertas limitaciones, debe hacer uso de las competencias que tiene para abordar estos retos.

Isabel Aranburu de Geroa Bai subrayó que, pese a los avances, todavía existe un largo camino por recorrer y que es esencial que todos los grupos políticos apoyen iniciativas que fortalezcan el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez abordó la dicotomía de las normativas vigentes, subrayando que a pesar de su existencia, las personas con discapacidad aún sufren de desamparo y escasa inserción laboral, sugiriendo que las políticas actuales no están teniendo el impacto deseado.