La Mesa del Parlamento da trámite a las comparecencias de Mikel Irujo, Elma Saiz y Santos Induráin

PAMPLONA, 5 Sep.

Los conjuntos parlamentarios se enseñaron este lunes a la expectativa de las explicaciones que el Gobierno de Navarra va a deber ofrecer con ocasión de la operación de Sodena sobre la adquisición de máscaras, y han coincidido en la relevancia de que se les dé un empleo a los materiales que no se lograron vender.

La Mesa del Parlamento de Navarra dió trámite este lunes a las comparecencias del asesor de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo (pedida por Navarra Suma y EH Bildu); la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz; y la consejera de Salud, Santos Induráin (pedidas estas 2 por Navarra Suma).

En la rueda de prensa posterior a la Mesa y Junta de Portavoces, el presidente de UPN y representante de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que "hay un millón de máscaras en un almacén cogiendo polvo que nos han costado a los navarros mucho más de 1,2 millones de euros, y que además de esto hay otro contrato" en el que se ha detectado que el valor comprado era superior al precio de mercado y "no se ha cumplido el pliego de condiciones".

Asimismo, ha considerado que "llama la atención" la posición de EH Bildu, quien, a su juicio, en otras ocasiones "ahora habría pedido una comisión de investigación". "En el momento en que la administración la hacen otros partidos, el pentapartito pide responsabilidades. Pero en este momento no. Ahora hay que tapar todo, charlar lo menos viable", aseguró Esparza, tras garantizar que "el Gobierno de Navarra sabía lo que ocurría pues logró notas de prensa".

Tras calificar lo ocurrido de "deplorable administración" y "nula transparencia", ha señalado que "tras percibir" a quienes intervengan en las comparecencias pedidas, su conjunto va a estudiar "qué resoluciones" adopta.

Por su parte, el representante del PSN, Ramón Alzórriz, ha insistido en que el Ejecutivo foral "ha actuado con rigor y transparencia" y que ha actuado "depurando responsabilidades". "Ahora nosotros, como partido, demandamos al Gobierno que dé salida a esas máscaras para reducir el perjuicio económico que tuvo la Administración", ha manifestado, tras criticar el intento de "otros" de "poner el ventilador" o llevar la cuestión a "factores políticos que no tienen relación".

Alzorriz, que ha remarcado que "se han seguido los métodos legales", ha remarcado que la Cámara de Comptos hasta el día de hoy "dijo que los métodos seguidos en pandemia fueron adecuados", y ha señalado que los integrantes implicados "deberán ofrecer las explicaciones que cada conjunto pida".

"Comprendemos que la ciudadanía esté preocupada, y nosotros ocupados en sacar esas máscaras de los guardes y ponerlas predisposición de quien lo necesite", ha señalado, tras añadir que "hay que poner el foco donde hay que ponerlo". Alzórriz, que ha aguardado que la cuestión se encuentre una solución próximamente, ha subrayado que "hay mucho más partes que deben buscar una solución", como son la CEN, quien solicitó las máscaras, y sus dueños, Albyn Group. En determinante, esos que "estuvieron en la firma de ese contrato fallido".

La representante de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha compartido que la "primera actuación" del Ejecutivo foral ha de ser "solucionar la utilización de esas máscaras". Además, ha señalado que el informe de intervención "apunta a un fallo procedimental" que tiene "simple solución", como es una autorización a posteriori del Gobierno de Navarra, según se recopila en la normativa vigente, y que de este modo lo han movido al Ejecutivo. "Comprendemos que podía haberse remediado. Esperaremos a que el Gobierno lo mire y actúe consecuentemente", ha añadido. A este respecto, Alzórriz respondió que "intervención no afirma nada de subsanar, sino hubo un mal trámite y de ahí que el Gobierno ha actuado consecuentemente".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha apuntado que "como poco, nos encontramos frente a una chapuza y una mala administración que se ha saldado con una pérdida esencial de dinero público" y que es "preciso un ejercicio de transparencia, autocrítica y rendición de cuentas".

Tras criticar que "semeja que la CEN como el Gobierno de Navarra se están desentendiendo de esto", ha asegurado que hay cuestiones "esenciales" que solucionar, tal y como si hubo alguna solicitud de responsabilidades por la parte del Ejecutivo a la CEN, cerrar "de quién son" las máscaras, y si se está proponiendo alguna acción para recobrar ese dinero, por ejemplo cuestiones.

Tras estimar que los mecanismos de control "funcionaron tarde y mal", ha añadido que la Cámara de Comptos, en el informe que logró sobre contratos de la pandemia, "no ha dicho nada de este tema". "Nos encontramos frente un caso de muestra paradigmático de malas prácticas en la colaboración público-privada: si hay provecho son para el ámbito privado, al que no se pidieron acredites ni compromisos, ni garantías; y las obligaciones, peligros y pérdidas las han asumido las instituciones públicas. Es una forma de llevar a cabo política y de gobernar que no compartimos en lo más mínimo. Veremos qué dan de sí estas comparecencias y el análisis completo de la documentación", indicó, tras comunicar que su conjunto "no desecha adoptar otras ideas", como una ampliación del informe de Comptos.

En nombre de Podemos, su representante, Mikel Buil, apostó por "aguardar a todos y cada uno de los reportes de auditoria que están ahora atentos y asimismo a las comparecencias que se pidieron", más allá de que anunció que para su conjunto, "la línea roja a fin de que esto tuviese alguna trascendencia mayor de la que tuvo", estaría en la malversación: que alguien "se haya lucrado de manera incorrecta o si apareciesen de alguna forma las comisiones desmesuradas que estuvieron cobrando en Madrid los asociados de UPN, los asociados de Esparza".

"Es una polémica secundaria que tomó mucha relevancia ya que nos aproximamos a las selecciones, pero nuestra capacitación y la sociedad navarra están prestas a personas fallos en un instante en que las gestiones públicas debieron enfrentar con una indecisión despiadado la adquisición de EPI", ha apuntado.

Finalmente, la representante de I-E, Marisa de Simón, se mostró "asombrada" de que "las compañías no hayan conseguido ninguna de estas máscaras", y "preocupada" por visto que "el dinero público se quede en un almacén" y que no se haya adoptado ninguna medida para emplearlas.