El sindicato ha demandado que la Oficina de Anticorrupción "actúe inmediatamente"
PAMPLONA, 16 Mar.
El sindicato LAB aseguró que hoy día hay "por lo menos diez facultativos mucho más" que cobran el complemento de peculiaridad mientras que sostienen su actividad en clínicas privadas y ha demandado que la Oficina de Anticorrupción "actúe inmediatamente".
Así lo han subrayado este jueves, en una rueda de prensa donde han remarcado que en el mes de febrero el sindicato avisó "el primer caso monitorizado del cobro del complemento de peculiaridad (entre 800 y 1.cien euros) por la parte de un profesional del Servicio Navarro de Salud que además de esto sostenía su actividad en clínicas privadas".
Para LAB, "la aparición de sobra casos asegura que la mala práctica de la peculiaridad" en el Servicio Navarro de Salud "está extendida" y ha demandado que la Oficina de Anticorrupción "actúe inmediatamente". Según el sindicato, "en estas situaciones hay un enfrentamiento de intereses entre lo público y la idea privada, acompañado de malas prácticas", y ha llamado a "proteger la sanidad pública y unas condiciones dignas para toda la plantilla".
En una publicación oficial, han explicado que "tras conocerse el primer estafa", LAB advirtió de que "podía ser el primero de otros varios en una práctica fraudulenta extendida y normalizada que desgasta la sanidad pública por la parte de ciertos expertos médicos representados por el Sindicato Médico de Navarra".
"La aparición de cuando menos diez casos mucho más asegura esta hipótesis. El extenso número de nuevos casos afectan a varias jefaturas y especialidades, tal como a las áreas de Pamplona, Estella y Tudela. Es decir, a toda la composición de Osasunbidea", han criticado.
En este sentido, han señalado que "llama la atención el particular empleo que de esta mala práctica existe en el servicio HUN-Obstetricia y Ginecología", que exactamente es "entre los servicios con mucho más lista de espera" en "temas tan frágiles como la ginecología de las mujeres y la fertilidad en las parejas".
Por ello, tras la detección del primer caso "y frente a la gravedad de los hechos", el sindicato LAB demandó al Gobierno de Navarra que "sin más ni más dilación" llevara a cabo una inspección "general y intensa" para "aclarar el número exacto de casos y saber si ciertamente representa una mala práctica a costa del dinero y servicio público, y depurar probables responsabilidades".
"No obstante, tras el paso de sobra de un mes, el Gobierno de Navarra no ha cumplido con su compromiso de supervisar las malas práxis médicas. La dejación en sus funcionalidades por la parte del Gobierno de Navarra ha obligado al sindicato LAB a ser él quien advierta y confirme estos nuevos casos, cuya información puso a cargo de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción; pues hay un enfrentamiento de intereses entre lo público y la idea privada acompañado de malas prácticas", apuntaron, tras indicar que "este va a ser el primer enorme caso que aborde esta oficina que debe velar por el interés público".
Además, han criticado que "en dirección opuesta a lo demandado", este mes el Gobierno de Navarra alcanzó un convenio con el "conservador y reaccionario" Sindicato Médico, "favoreciendo a nivel económico solo a parte de la plantilla" del Servicio Navarro de Salud. "Más allá de que por ahora sigue la peculiaridad así como está hoy en dia, el acuerdo recopila una mesa para la negociación posterior donde se va a abordar la supresión de la peculiaridad a los facultativos, sin pérdida retributiva", han advertido.
En opinión del sindicato LAB, la sanidad pública "está en una bifurcación". "Por un lado, están quienes a cada paso que dan quieren debilitarla, quienes defienden que nuestra salud y la sanidad pública son un negocio que deben agradar los intereses de tipo económico propios y beneficiar los negocios privados derivando, subcontratando y externalizando servicios en consultas privadas: Clínica Estudio Médico Navarro, Clínica San Miguel, Médicis... Y por otra parte está la mayor parte popular, quienes creemos que proteger la sanidad y los derechos de sus trabajadoras es proteger nuestra salud", apuntaron.
