• domingo 5 de febrero del 2023
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La víctima de La Manada, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra rechazan liquidar la condena de Boza

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SEVILLA, 7 Dic.

La víctima de los cinco integrantes del conjunto de WhatsApp 'La Manada', condenados por el Tribunal Supremo (TS) a 15 años de prisión por un delito continuado de violación a esta joven en los Sanfermines de 2016, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral han alto sendos escritos a la Audiencia de Navarra posicionándose contra el recurso de revisión formalizado por el culpado Ángel Boza en demanda de liquidar su pena de prisión de 15 a 13 años y nueve meses, merced a la Ley Orgánica diez/2022 de garantía integral de la independencia sexual, fruto de la que múltiples tribunales han inspeccionado a la baja condenas por abusos sexuales a menores dada la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo.

El 21 de junio de 2019, el Tribunal Supremo anuló la sentencia inicial del caso, emitida por la Audiencia de Navarra y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), y en frente de esa condena por abuso sexual elevó las condenas de los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con los agravantes concretos de trato vejatorio y actuación conjunta de 2 o mucho más personas; aceptando de este modo medianamente los elementos de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares que ejercitaron el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.

El acusado Antonio Manuel Guerrero Escudero fue culpado además de esto a un par de años auxiliares de prisión, esto es a un total de 17, como responsable del delito de hurto con intimidación del móvil de la joven víctima de la agresión sexual protagonizada en 2016 por estos jóvenes habitantes en Sevilla capital.

Recientemente, como se había informado, la defensa del culpado Ángel Boza pedía a la Audiencia de Navarra, órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria, una rebaja de su pena de prisión de 15 a 13 años y nueve meses, en app a la Ley Orgánica diez/2022 de garantía integral de la independencia sexual, conocida popularmente como ley del 'sí es sí'.

Ello, en un contexto en el que mucho más de 50 condenados en toda España consiguieron rebajas de sus penas de prisión dada la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual en un solo tipo delictivo que supone la novedosa normativa. Al ocultar el delito de abuso, específicamente, la horquilla que establece las penas del delito único tiene cantidades inferiores a las que se establecían con 2 tipos delictivos distintas.

Aunque fueron cinco los condenados por la agresión sexual de Pamplona, de entrada la novedosa ley solo podría aceptar en la práctica achicar la pena a Ángel Boza, puesto que los otros 4 jóvenes hispalenses asimismo condenados suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozoblanco (Córdoba) y no podrían favorecerse de ninguna rebaja.

Boza, de otro lado, fue además de esto culpado por un delito suave de robo y un delito suave de lesiones por el hurto de unas lentes de sol el 1 de agosto de 2018 en un centro comercial de Sevilla, manifestando en el juicio que se encontraba "muy arrepentido" por el hecho de que había cometido "una absoluta gilipollez", según sus expresiones.

El letrado de Ángel Boza, Agustín Martínez, defendía la días atrás que esta solicitud de rebaja en la condena "es con perfección viable por el hecho de que se han achicado los mínimos de las penas y la sentencia dictada en su día por el Supremo hacía la acotación de referirse a que ciertamente se aplicaba el mínimo penal y, habiéndose cambiado el mínimo penal (por la unificación de delitos), ya que comprendo que es mucho más conveniente la app de la regla de hoy".

Pero en frente de ello, y en sendos escritos superiores a la Audiencia de Navarra, adelantados por Diario de Sevilla y recogidos por Europa Press, las representaciones de la víctima de los hechos, del Ayuntamiento de Pamplona y de la Comunidad Foral de Navarra se han contrario a esa solicitud de revisión como condena, demandando la desestimación de exactamente la misma.

La representación de la víctima, por servirnos de un ejemplo, esgrime en su escrito que "los hechos son muy graves y la actitud de los acusados posterior a exactamente los mismos que se detalla en la sentencia incrementa la responsabilidad del injusto, o la antijuridicidad de su conducta, lo que justifica la imposición de una lástima superior al mínimo legalmente pensado".

"Siguiendo el método predeterminado por la Fiscalía General del Estado en Decreto de fecha 21 de noviembre de 2022, independientemente de que se vean editados los límites máximos y mínimos de la pena establecida en un tipo penal por efecto de una reforma, si la pena privativa de independencia impuesta antes de la modificación legislativa es asimismo susceptible de ser impuesta conformemente con la novedosa redacción, no va a haber rincón a la revisión de la sentencia condenatoria", manifiesta además de esto la representación de la joven, según la que "no procede la revisión de la condena" que pesa sobre Boza.

Para la Comunidad foral, paralelamente, la solicitud de revisión como condena "resulta desmedida, por cuanto no tiene presente la horquilla sobre la que se calcula la reducción, que pasó de tres años y nueve meses a cinco años y también, del mismo modo, resulta arbitraria, en tanto que no tiene presente las situaciones de extrema gravedad concurrentes en la responsabilidad de los condenados" por la agresión sexual de los Sanfermines de 2016.

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