Crónica Navarra.

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La fiscalía y partidos de derecha piden que el 'caso Davalor' continúe, mientras los acusados insisten en su archivo.

La fiscalía y partidos de derecha piden que el 'caso Davalor' continúe, mientras los acusados insisten en su archivo.

En una audiencia celebrada este martes en la Audiencia de Navarra, la fiscal y los representantes legales de UPN y PP han solicitado la continuación de la investigación judicial en el 'caso Davalor', a pesar de que la causa fue archivada en diciembre de 2023.

La Juez de Instrucción número 2 de Pamplona determinó en diciembre de 2023 poner fin a la investigación del 'caso Davalor' y archivarlo, argumentando que el plazo de 12 meses para solicitar una prórroga de la instrucción ya había sido superado cuando se otorgó la primera prórroga. Tanto UPN como el PP decidieron apelar el archivo del caso.

El caso se originó a raíz de las subvenciones otorgadas por la empresa pública Sodena a la empresa Davalor, que posteriormente entró en concurso de acreedores. Este incidente llevó a la renuncia, en 2021, del consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi. El Tribunal Supremo inició las diligencias el 21 de enero de 2021 y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, que recibió el caso el 9 de marzo de ese mismo año, extendió la investigación el 18 de febrero de 2022.

La fiscal argumentó que el plazo de 12 meses establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es para la investigación judicial, y el Tribunal Supremo no llevó a cabo actuaciones de investigación judicial. Además, se defendió que el período entre que el Supremo perdió competencia en el caso y la transferencia del mismo a Pamplona no debería computarse en el plazo de investigación, ya que no había ningún juzgado competente para continuar con el caso durante ese tiempo.

Por otro lado, el abogado de UPN señaló la necesidad de descontar el tiempo que transcurrió desde que Manu Ayerdi perdió su aforamiento hasta que el caso llegó a Pamplona, argumentando que las prórrogas de la investigación habían sido acordadas dentro de plazo. Se destacó que el Supremo no realizó investigaciones judiciales, sino diligencias preliminares.

En la misma línea, el representante de las directoras generales investigadas defendió que la primera prórroga se otorgó después de 13 meses desde el auto del Supremo en enero de 2021, por lo que se excedió el plazo legal de 12 meses para la investigación judicial. Criticó la instrucción del caso como defectuosa y afirmó que durante tres años no se llevaron a cabo pruebas relevantes.

La controversia se centra en el cómputo de los plazos legales, con la acusación pidiendo no contar días inhábiles como los de agosto y Navidad, mientras que la defensa argumenta que el plazo de 12 meses debe comenzar desde el primer auto de incoación del procedimiento. La discusión continúa en la audiencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, con la posibilidad de una ampliación de la información.