• miércoles 28 de septiembre del 2022
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La Comisión de Reconocimiento de víctimas de conjuntos de extrema derecha se formará en el mes de septiembre

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PAMPLONA, 27 Jul.

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, informó este miércoles en la sesión del Ejecutivo de que el mes próximo de septiembre se marcha a constituir la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política ocasionados por conjuntos de extrema derecha o gobernantes públicos una vez que nuestra consejera estable la orden foral de su designación, así como se recopila en la ley foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de estas víctimas.

En un paso previo, este miércoles el Gobierno de Navarra ha adoptado un convenio por el que se fijan las compensaciones que van a recibir esas personas no pertenecientes de la Administración Pública que formarán una parte de la Comisión. Estará compuesta, aparte de por el directivo de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza; y del directivo del Instituto Navarro de la Memoria, Josemi Gastón; por 2 peritos forenses y un sicólogo con experiencia en temas de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal.

Además, a iniciativa del Parlamento de Navarra, forman parte la maestra de Sociología de la UPNA, Marta Rodríguez; el asesor de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Mikel Berraondo; y los instructores de Derecho de la UPNA Roldán Jimeno y Soledad Barber. Una vez constituída, la Comisión de Reconocimiento y Reparación va a deber investigar las peticiones de solicitud de condición de víctima de motivación política.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Ana Ollo ha señalado los adelantos completados en esta materia y ha manifestado que tienen que "asegurarse todos y cada uno de los mecanismos precisos para resarcir el derecho a la realidad, la justicia y la reparación, que regula el Derecho Internacional, de esas personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos".

El pasado 14 de julio entró en vigor la regla que altera la ley foral 16/2019 de reconocimiento y reparación, que había sentado las bases para, así como ha señalado Ollo, "ofrecer amparo a un grupo de víctimas que no hallaban acomodo en la legislación anterior". En este sentido, ha defendido que "toda víctima tiene el derecho a ser conocida y reparada, de forma personalizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones".

La consejera, que ha señalado que "el marco legal de origen padeció en su día asaltos desde la derecha estatal a través de un recurso al Tribunal Constitucional rechazado por este último", ha valorado de forma positiva la novedosa ley "por aceptar aclarar algunos puntos y asegurar la equiparación protectora entre colectivos distinguidos, en sintonía con los principios y directivas básicos manados de organismos de todo el mundo, como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en 2005 estableció el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las reglas de todo el mundo de derechos humanos a conseguir reparaciones urgentes y previó, del mismo modo, el mecanismo de las vías administrativas públicas para la restitución, reparación, rehabilitación y satisfacción por los daños sufridos".

Ollo ha enmarcado las actuaciones en este ámbito en el acuerdo de programa para la legislatura 2019-2023 y en "el empeño del Gobierno foral por prosperar el tiempo de convivencia de la Red social", avalado por la asunción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible enmarcados en la Agenda 2030, uno de cuyos puntos, el llamado 'Paz, justicia y también instituciones sólidas', "busca la conformación de comunidades guiadas por una genuina cultura de paz, excluyendo la crueldad como herramienta de resolución de enfrentamientos, construyendo una justicia fundamentada en los derechos humanos tanto particulares como colectivos, y robusteciendo a las instituciones a fin de que sean equilibrados y fiables para la ciudadanía".

Finalmente, la consejera, que asimismo se ha referido al Plan de Convivencia, "que ubica a todas y cada una de las víctimas y su dignificación en el centro de la acción institucional", expresó en nombre del Gobierno de Navarra el deseo de "seguir en la construcción de una sociedad de forma plena democrática, construcción que no va a poder llevarse a efecto sin el reconocimiento y reparación de todas y cada una de las víctimas".

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