Crónica Navarra.

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La Behatokia afirma que no se ha visto progreso en la promoción de los derechos lingüísticos en la última década.

La Behatokia afirma que no se ha visto progreso en la promoción de los derechos lingüísticos en la última década.

Destaca una "falta de medidas efectivas" en relación con la garantía de los derechos lingüísticos

PAMPLONA, 19 Mar.

El Observatorio de Derechos Lingüísticos (Hizkuntz Eskubideen Behatokia) ha afirmado que las incidencias recogidas en Navarra y en País Vasco en 2023 a través del Teléfono del euskera de la entidad "demuestran una falta de medidas efectivas en relación con la garantía de los derechos lingüísticos" y que "en los últimos 10 años no ha habido ningún salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos lingüísticos".

Así lo han indicado este lunes en una rueda de prensa la directora de Behatokia, Agurne Gaubeka, y la técnica Garbiñe Petriati, que han presentado las principales conclusiones del informe 'Situación de los Derechos Lingüísticos 2023'.

Dicho informe recoge que "a menudo, la ciudadanía tiene que renunciar al uso del euskara para recibir el servicio sin obstáculos" y que "la falta de estatus, reconocimiento y protección legal del euskara en algunos territorios impide la adopción de medidas correctoras en la política lingüística".

Behatokia ha advertido de que "se está llevando un derecho a parámetros de mercado de oferta y demanda, con el riesgo de perpetuar la minorización del euskara en lugar de aplicar medidas de equidad". "Seguimos con las mismas vulneraciones y limitaciones que se repiten en los últimos 10 años y, en lugar de darles solución, los derechos lingüísticos de los vascoparlantes se siguen situando los mismos parámetros: el carácter secundario del euskara y la desigualdad de los derechos lingüísticos y de las lenguas minorizadas", ha afirmado Gaubeka. De hecho, algunos de los casos recogidos en 2023 "demuestran cómo se condiciona el uso del euskara en los servicios y actividades básicas que recibe la ciudadanía".

Desde Behatokia han criticado que "aunque el euskara "tiene un estatus oficial en algunos territorios y la ciudadanía debería tener garantizado el derecho a utilizar el euskara, los que no conocen el euskara marcan el alcance de esa garantía".

En 2023 se recibieron en País Vasco y Navarra un total de 987 incidencias, de las cuales, 909 son quejas, 49 felicitaciones y 29 consultas, sugerencias u otros. A pesar de percibir un "ligero descenso" de quejas recibidas, Petriati ha puesto el énfasis "en la brecha entre los datos y la realidad". "Hay que tener en cuenta que esta cifra no es más que una muestra de la realidad. De hecho, sabemos que muchos ciudadanos han tenido el reparo de solicitar sus servicios en euskara por miedo a retrasos u otros daños colaterales, sin identificarlos como una vulneración de derechos", ha dicho.

A su juicio, "esto es un indicador de las carencias de todo el sistema", pues aunque el ciudadano "tenga conciencia de sus derechos lingüísticos, si quiere recibir el servicio sin obstáculos, a menudo le hace renunciar a utilizar el euskara".

En cuanto a la sanidad, en la atención primaria o en los centros administrativos, el informe recoge que los servicios en euskera "no se garantizan correctamente y todavía hay limitaciones o condiciones para trabajar en euskara".

En concreto, en el Servicio Navarro de Salud "sólo se puede solicitar relacionarse en euskara por escrito, pero no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria en euskara". En general, la situación en los servicios de los médicos de especialidad "es aún peor".

En educación, la oferta en euskera "es menor y muchos materiales aún no están disponibles en euskara" y que "se perpetúan los mismos obstáculos que en los últimos años para difundir el modelo de enseñanza en euskara".

Por otro lado, "a pesar de que en las administraciones generales y en los ayuntamientos se demande recibir el servicio en euskara, en ocasiones se exige a la persona que cambie de idioma (al castellano o al francés), o se condiciona la elección de la lengua provocando retrasos y esperas significativas, entre otros perjuicios". Según Behatokia, "cuesta que la propia administración realice una oferta activa en euskara, y en los servicios subcontratados no se establecen y garantizan adecuadamente los criterios lingüísticos".

En cuanto al ocio, la cultura y el deporte, la oferta en euskera "es mucho menor". "Es preocupante que, a partir de una edad, se anima a consumir o a realizar actividades de ocio en castellano o francés a los y las jóvenes que hablan euskara", han criticado.

En cuanto a las policías, Behatokia considera que "la falta de garantía inmediata del servicio y atención en euskara sigue causando daños colaterales a la ciudadanía" y que "este último año no se ha avanzado en este ámbito".

En lo referente a justicia, el observatorio señala que "las vulneraciones de los derechos lingüísticos son sistemáticas". A su juicio, "la falta de protección y de mecanismos, las incertidumbres y la prolongación de los plazos por el uso del euskara condicionan o limitan significativamente la decisión de la ciudadanía".

En cuanto a los servicios privados, "se deja en manos de la voluntad que las empresas y establecimientos puedan ofrecer sus servicios en euskara, lo que hace que la ciudadanía tenga que consumir en castellano o francés".

En el ámbito laboral, según Behatokia, "tampoco se garantiza el derecho a trabajar en euskara", ya que "faltan herramientas, capacitación y costumbre".

En cuanto a las señales, carteles informativos y publicidad, "en ocasiones no hay presencia del euskara o la presencia es menor o secundaria". Behatokia considera que "se están estabilizando las medidas para superar las vulneraciones que debían ser transitorias, y en lugar de avanzar con ambición y determinación, se sigue perpetuando y limitando la elección lingüística de las personas que quieren vivir en euskara". En ocasiones, a su juicio, "las leyes, decretos, planes, ordenanzas y otras normas no establecen medidas correctoras".

Por último, Behatokia ha destacado "la persistencia en 2023 de las decisiones y actitudes contrarias a las medidas para garantizar los derechos lingüísticos". A su juicio, "en lugar de aplicar los principios de equidad a una lengua en situación de vulnerabilidad, se han seguido haciendo planteamientos para perpetuar la minorización".