En una reciente determinación, la Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha decidido aceptar el recurso interpuesto por el fiscal en relación al caso de una menor de 14 años. Este recurso cuestiona el sobreseimiento que había sido dictado el pasado 6 de noviembre por el juez de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela. La Audiencia considera que es imperativo que se lleven a cabo más diligencias en la investigación sobre la supuesta venta de la menor, quien habría sido vendida por 5.000 euros con el propósito de un matrimonio.

Revisando los documentos del caso y los argumentos presentados tanto por el Ministerio Fiscal como por los apelantes, la Audiencia ha concluido que, efectivamente, existen indicios de actividad criminal en este asunto. La decisión de archivar el caso en este momento se califica de “absolutamente prematura” según la Sala, lo que implica que el recurso tendrá un desenlace favorable para la acusación.

Asimismo, se ha señalado que hay pruebas que sugieren que los padres de la menor la vendieron en enero de 2025 a una pareja para que su hijo de 21 años se casara con ella. La menor fue localizada posteriormente en Mollerussa, donde estaba viviendo con esta familia.

Adicionalmente, se ha encontrado que la menor estuvo involucrada en situaciones de mendicidad y posiblemente en actividades delictivas. La policía localizó a la menor en dos ocasiones, una el 9 de septiembre y otra el 4 de octubre de 2025, pidiendo dinero en la calle, y afirma que estaba con personas que pretendían ser sus familiares, quienes argumentaron que sus padres la habían dejado a su cuidado por cuestiones laborales en Zaragoza. Sin embargo, la Audiencia remarca que la menor no está escolarizada, un hecho que contraviene la legislación vigente que asegura el derecho a la educación.

El tribunal también advierte que la falta de escolarización puede acarrear consecuencias legales para los progenitores, incluyendo sanciones económicas y penas de prisión por incumplimiento de la patria potestad. Esta situación se considera grave y podría implicar la intervención de las autoridades para proteger el bienestar del menor.

Entre las evidencias presentadas, se incluyen fotografías de la menor junto a su supuesto esposo y sus padres en el contexto de su boda. La Audiencia enfatiza que, aunque la menor no se identifique como víctima durante sus declaraciones, esto no disminuye la posible gravedad de la situación. El tribunal subraya que la protección de una víctima no depende únicamente de su percepción dentro del proceso judicial.

La resolución judicial menciona el riesgo evidente que enfrenta la menor, sugiriendo que podría haber sido víctima de trata de personas o coacciones por parte de sus familiares. En este contexto, el tribunal manifiesta que el sobreseimiento del caso es inapropiado, y que la medida de alejamiento establecida es conforme a la ley.

Para seguir adelante con la investigación, se han solicitado varias diligencias. Primero, se tomará la declaración de un testigo quien, según se informa, ha recibido amenazas por parte de la familia de la menor y que ha proporcionado información clave sobre la situación, incluyendo el perfil de redes sociales del presunto esposo, fotografías del matrimonio, y detalles sobre el intercambio económico relacionado con la menor.

En segundo lugar, se ha solicitado un informe a los Mossos d'Esquadra de Lérida, quienes intervinieron en el caso. Es preciso determinar si la familia en cuestión tiene antecedentes o se dedican a actividades delictivas, dado el involucramiento continuo con la menor en fechas clave.

Finalmente, la Audiencia también ha decidido solicitar un informe de intervención social sobre la situación de la familia de la menor, con el objetivo de analizar su entorno familiar, social y educativo. Esta serie de acciones se enmarcan dentro del esfuerzo por garantizar la protección y los derechos de la menor ante la gravedad de los hechos denunciados.