El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha cerrado el caso en el que investigaba la supuesta responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado ocurrido el 30 de mayo de 2003 en Sangüesa. El cierre se debe a la falta de pruebas suficientes para acusar a los antiguos líderes de la organización. En un auto, el juez declara que ha agotado todas las líneas de investigación posibles y que aunque está claro que se cometieron delitos, no se puede acusar a nadie en este momento.

El juez destaca el informe de la Fiscalía que confirma que las víctimas del atentado fueron asesinadas y heridas como resultado de la acción terrorista contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, el juez explica que la responsabilidad de los exmiembros del Comité Ejecutivo de ETA en este atentado no encaja dentro de las órdenes directas y precisas del mencionado comité. Según informes policiales de inteligencia, solo en ataques contra objetivos especiales la dirección de la organización debía dar su autorización, y las víctimas de este ataque no se consideraban objetivos especiales.

Además, el juez también acepta la valoración del informe de inteligencia de la Comisaría General de Información, que indica que no se puede atribuir participación directa a Arruarte Santa Cruz y Lorán Lafourcade.

El cierre de la investigación se produce después de que la Fiscalía enviara un informe en noviembre, en el que se destacaba la escasez de pruebas para avanzar en el procedimiento y se señalaba que no se necesitaban nuevas diligencias.

El caso se reabrió a raíz de una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra antiguos miembros del comité ejecutivo de ETA y presuntos autores materiales del atentado. En un principio, el juez investigó a ocho integrantes del comité ejecutivo y a Arruarte y Lorán como presuntos autores materiales. Posteriormente, se amplió la investigación e imputó a otros individuos debido al testimonio de un testigo.