El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha decidido autorizar el desalojo de un piso en Pamplona destinado a vivienda social, el cual fue ocupado ilegalmente por una familia, ya que no cumplen con los requisitos necesarios para ser beneficiarios de esta vivienda y tenían recursos económicos.
Esta resolución judicial, que permite el desalojo en un plazo de tres días, fue solicitada por el Ayuntamiento de Pamplona.
La vivienda en cuestión es una de las destinadas a situaciones de emergencia habitacional, y según el Consistorio, los ocupantes no estaban empadronados en Pamplona y no eran solicitantes de vivienda social o de emergencia habitacional en el momento de la ocupación.
La mujer demandada alegó ser perceptora del Ingreso Mínimo Vital y tener a su cargo a su hija de tres años, sin embargo, el juez consideró que al no haber solicitado la emergencia habitacional, no se encuentra en situación de vulnerabilidad.
El juez subrayó que la ocupación ilegal de la vivienda afecta a quienes sí cumplen con los requisitos para acceder a la misma y pone en riesgo la asistencia social en situaciones de emergencia habitacional.
Por lo tanto, el magistrado concedió al Ayuntamiento la autorización para proceder con el desalojo, e incluso autorizó la intervención de la Policía Municipal si fuera necesario.
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