Los conjuntos parlamentarios coinciden en que el acuerdo que se alcanzó no recogía "garantías" para Sodena

PAMPLONA, 26 Oct.

El asesor de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, aseguró que las máscaras que fueron adquiridas en 2020 en el contexto de un convenio entre la compañía pública Sodena, la Confederación Empresarial Navarra y Albyn no son propiedad de Sodena, con lo que, si bien estén guardadas sin cliente, no puede tener ellas.

Irujo explicó en el Parlamento que lo que logró Sodena fue otorgar un crédito puente a fin de que Albyn adquiriese esas máscaras, ya que en aquel instante era preciso el pago de antemano, y aseguró que, al quedar 1,7 millones de máscaras sin vender, transporta un año y medio de trabajo intentando encontrar un convenio con la CEN.

Sin embargo, ha señalado que, tras múltiples intentos, no hay acuerdo entre las partes, algo que ha atribuido a que la CEN solicita a Sodena y a la compañía Albyn que "renuncien de manera expresa y también indudable a todos y cada uno de los derechos, metas, reclamaciones y al ejercicio de todas y cada una de las acciones de cualquier naturaleza". Irujo ha señalado que esta es una "línea roja" que Sodena no puede admitir.

En la comparecencia, el asesor aseguró que las estimaciones de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) sobre las máscaras que se consideraban primordiales en el mes de abril de 2020 para las compañías "no se cumplieron" y "el resultado fue el depósito de hoy de 1,7 millones de entidades" sin vender.

Mikel Irujo explicó que, desde su llegada al Gobierno en el mes de febrero de 2021, trabajó "en el empeño de una búsqueda de solución fuera de la justicia tal como en intentar atenuar al límite el deterioro" que esta situación generó en Sodena.

Durante su intervención, el asesor ha subrayado que esta operación de compra de máscaras se puso en marcha en un contexto de "pandemia mundial, cierre de fronteras, estado de alarma" y con una "imperiosa necesidad" de las compañías de hallar material de protección para retomar la actividad tras el primer confinamiento.

Tras diálogos y asambleas con representantes de distintos campos empresariales, el Consejo de Administración de Sodena aprobó la puesta predisposición de un préstamo puente de hasta 2 millones de euros para hacer más simple el pago de las máscaras. "La CEN, que estuvo que se encuentra en estas asambleas, dio un paso adelante, y expuso que centralizaría las pretensiones de los diferentes agentes económicos y empresarial para una compra agrupada", ha asegurado.

Según Irujo, la CEN trasladó una estimación de pretensiones para tres meses, basándose en la información que había recibido de las compañías. Así, la estimación fue de 2,4 millones de máscaras y la compañía Albyn, con el préstamo de Sodena, adquirió la práctica integridad, solo 13.052 menos de la previsión llevada a cabo por la CEN. Las compañías, no obstante, "hicieron compras en una cuantía muy inferior a la estimada por la CEN", dijo Irujo. En preciso, solo adquirieron 389.00 máscaras

Irujo aseguró que, dada esta situación, se propuso a la CEN una "salida dialogada". El primer planteo fue buscar a un individuo de común acuerdo, por poner un ejemplo un letrado, que trabajara en la búsqueda de resoluciones para ofrecer salida al depósito de máscaras. Tras múltiples asambleas, el 13 de diciembre de 2021 la CEN "desecha esa solución". "Comprenden que no les toca abonar nada y se pide la renuncia anterior de Sodena de cualquier acción legal, algo que es absolutamente inasumible", aseguró Irujo.

Tras este primer intento, a inicios de 2022 se prosigue intentando encontrar una solución, según el relato del asesor. Sin embargo, la CEN expresa por escrito su solicitud de que Sodena y Albyn "renuncien de manera expresa y también indudable a todos y cada uno de los derechos, metas, reclamaciones y al ejercicio de todas y cada una de las acciones de cualquier naturaleza" por este tema. Tras asambleas con exactamente el mismo resultado, Mikel Irujo trasladó a la CEN que "la renuncia anterior a cualquier reclamación es una línea roja irrealizable de admitir y la CEN concluye diciendo que los abogados de las dos partes tienen que contactar".

Posteriormente, la Intervención del Gobierno de Navarra emitió un informe sobre presuntas irregularidades de esta operación, señalando que la actuación de Sodena en este contrato debería haber contado con la autorización anterior del Ejecutivo foral. Tras este informe, la directiva gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, fue cesada en el mes de agosto.

La representante de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha planteado que, "si todo se encontraba tan bien hecho, a la gerente de Sodena le cesan por un incumplimiento de un trámite administrativo que conocía todo el Gobierno, que se efectuó con pleno conocimiento de la presidenta del Gobierno, en un convenio que podía acabar con quebranto de dinero público, como de esta manera fué". "Ninguna cabeza racional puede comprender que el Gobierno de Navarra pierda 1,2 millones de euros de todos y cada uno de los navarros, mientras que hay 1,7 millones de máscaras cogiendo polvo en un almacén, y prosigue comprando máscaras a mayor precio que las que están guardadas sin emplear. Es una penosa administración de dinero público. Un mal acuerdo en el que el único que acepta peligros es Sodena", ha censurado.

La representante de EH Bildu, Laura Aznal, aseguró que "la meta del acuerdo ha podido ser loable, pero nos encontramos frente un caso de muestra claro de las malas prácticas en la colaboración público privada, si hay provecho, van para lo privado, y si hay pérdidas, las debe enfrentar lo público". "La destitución de la gerente de Sodena fue un cortafuegos que pretendió esconder el auténtico alcance de lo que tenemos la posibilidad de calificar como genuina chapuza y mala administración que se ha saldado con una pérdida muy importante de dinero público", ha señalado.

La representante del PSN, Ainhoa Unzu, ha subrayado que el objetivo de la operación era "ofrecer soporte al tejido empresarial navarro facilitando la adquisición de máscaras por medio de un crédito puente". "Siendo objetivos, aparte de buenas pretenciones, las cosas hay que hacerlas bien, y el informe de control financiero concluye que la operación infringe con lo predeterminado en la ley foral de Hacienda Pública y poseemos un deterioro para las cuentas públicas. A la visión está que faltaron garantías para Sodena", dijo, pero ha pedido aguardar al informe de Comptos para saber responsabilidades.

El representante de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha señalado que hay una "imperiosa necesidad de ofrecer salida a las máscaras guardadas y no tenemos la posibilidad de dejarnos, tras todo lo ocurrido, que se desperdicien en un almacén". "Por supuesto hay que accionar desde la seguridad jurídica y el deber de las partes implicadas de que ese reparto no incidirá en lo más mínimo en los deberes y compromiso asumidos en el acuerdo. Lo que debe entender la sociedad es que las máscaras no son de Sodena y no puede tener ellas a su libre albedrío", dijo, para apreciar las ideas que está impulsando el asesor.

Por una parte de Podemos, Mikel Buil ha considerado que "hubo una especide de cortafuegos hacia la CEN y el titular debería ser que la CEN deja colgada a Sodena con 1,7 millones de máscaras, máscaras que la CEN había pedido y no compra, o sobre las que había hecho una previsión completamente desbocada en relación a lo que podía vender". "El acuerdo que se firma es flojo, con escasas garantías para lo público", indicó.

La representante de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que "lo más esencial es ofrecer salida a estas máscaras antes que caduquen" y aseguró que "lo ocurrido prueba sin duda un mala administración pública de esta operación". "¿Por qué no fueron usadas por Salud las máscaras en el momento en que eran primordiales? Esto pide una depuración de responsabilidades que no se arregla con cesar al cargo de turno", aseguró.