PAMPLONA, 8 Oct.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache animó a quienes se lograron ver perjudicadas por el cártel de turismos a reclamar cuando se ha prolongado hasta los cinco años el período para lograr llevarlo a cabo.

Según explicó en una publicación oficial, "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en una sentencia de junio (sobre el cártel de camiones), que el período para las reclamaciones por daños derivadas de infracciones de rivalidad, como es la situacion asimismo del cártel de turismos, ha de ser de, por lo menos, cinco años. Dado que la mayoría de sanciones fueron ratificadas por el Tribunal Supremo en 2021, los damnificados van a tener hasta 2026 para reclamar una indemnización por los daños".

Irache ahora ha recibido hasta el día de hoy mucho más de 2.500 consultas por la parte de damnificados por el cártel de turismos. En la mayoría de las situaciones ahora ha gestionado las reclamaciones oportunas y se empezó a trabajar en la vía judicial para elaborar solicitudes conjuntas.

La asociación indicó que "esta situación pudo perjudicar a la mayor parte de personas que adquirieron turismos entre los años 2006 y 2013". Ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia "sancionó en 2015 a 21 desarrolladores de turismos, 172 comercios que venden automóviles y 2 consultoras que aglutinaban al 91% de las ventas en España por canjear entre ellos información confidencial sobre descuentos, servicios posventa y otras condiciones, una práctica que ha podido sospechar un aumento de precio en la adquisición para los usuarios".

"Una vez probada la presencia del cártel, se abre la vía a fin de que los usuarios logren reclamar los daños que han sufrido derivados de él", ha señalado Irache, que explicó que "se estima que el encarecimiento puede sospechar entre el diez% y el 15% del precio que se pagó y que, en función de cada compra, puede ir desde los 1.500 a mucho más de 9.000 euros".

No obstante, ha precisado que "sólo algunas de las fabricantes participaron del mismo modo ni en exactamente el mismo período en el cártel" y que "ciertos modelos de una misma marca lograron verse metidos en estas prácticas y otros no". Por ello, ha señalado que "es esencial estudiar cada caso de manera individual para poder ver de qué forma actuó el desarrollador o el concesionario y de qué forma ha podido perjudicar esta práctica al cliente y al precio que pagó por el vehículo".

Primero se estudia si el vehículo entraba, por modelo y instante de compra, entre los implicados en las prácticas del cártel. A partir de ahí se junta la información y documentación que se requiere para poder gestionar la situacion.

Generalmente, se precisa la documentación técnica del vehículo, como la tarjeta técnica o el permiso de circulación tal como documentación que acredite la adquisición del vehículo por la parte del perjudicado y el valor que se pagó por él. Este último punto ha causado "adversidades" a múltiples personas "en tanto que, pasados mucho más de diez años, no hallaban el contrato o la factura de la adquisición". En estas situaciones, se ha pedido la copia de la factura al concesionario, "pero en la mayoría de las oportunidades no la han facilitado". En este punto, se hechó mano de justificantes de pago, precontratos o, aun, certificados emitidos por Hacienda.

A partir de ahí se prepara una reclamación fuera de la justicia a fin de que interrumpa el período de prescripción, que en este momento es de cinco años, así como ha señalado la sentencia europea. Una vez que el concesionario responde denegando la compensación por daños al cliente, Irache ofrece al perjudicado llevar la situacion por la vía judicial.